León (EFE).- El secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, prevé «una respuesta más rápida para los ciudadanos» con la implantación este miércoles de la tercera y última fase de los nuevos Tribunales de Instancia, que sustituyen al modelo de los antiguos juzgados, y con los que se pretende evitar «eternizar la lentitud de la Justicia».
Esta última fase de implantación de la ley de eficiencia de la Justicia concluye este 31 de diciembre con la entrada en funcionamiento de cien Tribunales de Instancia en los grandes partidos judiciales como Barcelona, Madrid, Zaragoza, Palma o Valladolid.
Con este motivo, el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, en declaraciones a EFE, ha asegurado que con esta medida impulsada por el Ministerio que encabeza Félix Bolaños, «estamos transformando la Justicia para hacerla más cercana, ágil, flexible y responsiva a los problemas de los ciudadanos».
Con ese fin, ha dicho, «hay que hacer reformas, fundamentalmente de carácter organizativo».
La transformación de la planta judicial, que concluye hoy y se puso en marcha en junio, tiene como objetivo principal integrar todos los juzgados unipersonales y de primera instancia en una única organización en cada partido judicial.
Hasta la actualidad los juzgados estaban compuestos por un juez, un Letrado de la Administración de Justicia (LAJ) y un pequeño equipo de funcionarios que dan apoyo técnico al titular del juzgado en la tramitación de los procedimientos.
Un grupo de funcionarios que, según Olmedo, «no tiene capacidad para adaptarse a los problemas actuales de la justicia, así como de especialización».
«Ahora, – ha explicado- con los nuevos Tribunales de Instancia, esos pequeños juzgados se transforman en una oficina judicial que está dividida en distintos servicios de atención al ciudadano, de tramitación de ejecución, que son los que van a dar soporte, los que van a dar apoyo a todos los jueces de ese Tribunal de Instancia; con lo cual permitimos la especialización de cada uno de los equipos».
Flexibilidad
Una nueva organización que, a juicio del secretario de Estado, permite «mucha flexibilidad» si en un momento dado cambian las condiciones de la litigación, al poder trasladar el trabajo de un lugar a otro o reforzar los equipos que más lo necesitan en ese momento concreto, lo que va a suponer una respuestas más rápida.
Olmedo ha recalcado que la experiencia que se está recabando del funcionamiento de los nuevos juzgados es buena, con incidencias normales que se han ido resolviendo en un sistema que se tiene que ir implantando progresivamente.
Donde ya funciona, ha señalado, ha conseguido reducir en un 30% las demandas gracias al sistema, ahora obligatorio, de demostrar ante el juez que se ha intentando llegar a un acuerdo con el objetivo de cambiar la costumbre de «judicializar todos los conflictos».
Sobre las críticas a la falta de personal, Olmedo ha reconocido que en España «faltan jueces», con un número inferior a la media europea, aunque ha puntualizado que hay que acabar con la antigua estructura de que cada vez que se creaba una plaza de juez había que crear un juzgado entero.
Ha apuntado además que para solventar este problema se trabaja en un proyecto de ley de ampliación y fortalecimiento de la carrera judicial y fiscal, en la que se prevé la estabilización de mil jueces sustitutos y la incorporación de otros 1.500 jueces y fiscales a través de oposiciones, además de implantar un cuarto turno de acceso a estas plazas a razón de unas 120 anuales.
De este modo ha defendido la implantación de esta nueva estructura organizativa, que prevé podría estar plenamente desarrollada con todos los medios previstos en unos tres años, y que junto a la digitalización y las nuevas tecnologías, ha considerado que permitirá «agilizar los procesos y que el ciudadano tenga una respuesta mucho más rápida de la Justicia». EFE
