Oviedo (EFE).- La comisión parlamentaria de investigación del accidente minero de Cerredo en el que fallecieron cinco trabajadores en marzo de 2025 ha cerrado este viernes la redacción de un dictamen que incluye la exigencia de responsabilidades que deben concretarse en ceses y dimisiones, y de la concesión de ayudas a las víctimas de ese siniestro y a las del registrado en la misma explotación en 2022.
Los letrados de la Cámara redactarán ahora el texto final del dictamen para que el próximo lunes se apruebe la elevación a pleno, que lo debatirá y votará a lo largo del mes de junio, un texto respaldado por todos los grupos salvo el PSOE que le encuentra «defectos estructurales» al centrarse más en buscar responsabilidades jurídicas o administrativas que la políticas que corresponden a una comisión parlamentaria.
Tras la reunión de hoy la presidenta de la comisión, Covadonga Tomé, ha mostrado su satisfacción por el desarrollo de los trabajos sobre el borrador que elaboró «mejorado con las aportaciones de otros grupos» pese al comportamiento «hostil, rayando la pataleta» de un PSOE que, por el momento, no se ha pronunciado sobre el voto particular que previsiblemente presentará al texto en el plazo de quince días que se abrirá el lunes.
Vox ya ha avanzado su renuncia a presentar un voto particular al darse por satisfecho con la redacción del texto pese a que finalmente no reclame responsabilidades del alcalde de Degaña, el socialista Óscar Ancares, ni del presidente del Principado, Adrián Barbón, mientras que IU/CA, socio de gobierno del PSOE, ha descartado que la discrepancia en este asunto comprometa la estabilidad del Ejecutivo.
El texto mantiene la exigencia de responsabilidades políticas tanto para cuatro ex consejeros del Gobierno regional, que deberán sustanciarse «y no limitarse a quedar reflejadas en un papel sino conllevar ceses», como para tres altos funcionarios de la administración autonómica mencionados con nombres y apellidos.
Esa mención a los empleados públicos fue cuestionada por los letrados de la Cámara y los grupos han buscado una redacción que evite el riesgo de que la Junta General vuelva a ser amonestada por el Tribunal Constitucional (TC) como ya ocurrió con la comisión que investigó al Gestor de Infraestructuras por vulnerar su derecho a la presunción de inocencia en caso de que presenten un recurso de amparo.
La exigencia de esas responsabilidades a los funcionarios es uno de los argumentos a los que ha recurrido el PSOE para cuestionar el contenido de un dictamen que mantiene «el error de base» de interpretar la documentación obtenido desde un punto de vista jurídico que no compete a la comisión y ha salido adelante pese la oposición de los socialistas y de su socio de gobierno, que ha visto denegada también su petición de incorporar al texto del dictamen que votará el pleno un informe de los servicios jurídicos de la Cámara.
Línea específica de ayudas
El texto consensuado por todos los grupos salvo el PSOE incorpora además la exigencia de habilitar una línea de ayudas específica para las víctimas de los accidentes registrados en mina de Cerredo en 2022 y 2025 -seis muertos y un herido grave- sin que tenga la consideración de adelanto de las indemnizaciones que pudieran corresponder a las familias de los fallecidos y al trabajador herido.
Para el portavoz de IU/CA, Xabel Vegas, las posiciones «opuestas» entre su formación y el PSOE en torno al dictamen debe verse «con normalidad democrática» y sin que comprometa la estabilidad del Gobierno pese a que, a juicio del socialista René Suárez, el texto sale adelante «con correcciones sobre correcciones» y sin atender al criterio de los letrados y dejando abierta la puerta a un recurso de amparo ante el TC.
Para el parlamentario popular Rafael Alonso, el dictamen evidencia tanto la comisión era necesaria pese a la oposición inicial del PSOE como el «caos sistémico» en la administración que posibilitó que la empresa concesionaria del yacimiento estuviera extrayendo carbón pese a carecer de autorización para ello.
«Los hechos son tozudos», ha subrayado el diputado de Vox, Gonzalo Centeno, y se reflejan en un dictamen mejorado con las aportaciones de los grupos y que es «un mal menor» pese a excluir de responsabilidades «al responsable máximo», mientras que el representante de Foro, Adrián Pumares, ha lamentado la «autoexclusión» del PSOE del amplio consenso alcanzado en torno a un texto que pide mejoras en el funcionamiento de la administración para que un siniestro así «no vuelva a suceder». EFE
