Valladolid (EFE).- El portavoz de la Junta de Castilla y León en funciones y uno de los negociadores del PP para el acuerdo con Vox, Carlos Fernández Carriedo, ha insistido este jueves en que «el pacto va a cumplir siempre la ley» y que serán los informes jurídicos de cada medida los que garanticen ese arreglo a la normativa.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, preguntado por las reacciones al pacto suscrito ayer por PP y Vox para formar un nuevo gobierno de coalición en Castilla y León, Carriedo ha reconocido que puede haber opiniones contrarias que representan a una opción «minoritaria» en el Parlamento, que deben ser tenidas en cuenta, pero que no restan valor al acuerdo.
El portavoz ha reiterado a lo largo de su comparecencia en más de una docena de veces su afán por cumplir la ley con el acuerdo presentado ayer por el futuro presidente, Alfonso Fernández Mañueco (PP), y por el futuro vicepresidente, Carlos Pollán (Vox).
Para argumentarlo, ha recurrido a los principios generales que establecen PP y Vox en la introducción y las bases del acuerdo, donde plasman que ambas formaciones sustentan su acuerdo sobre «el respeto a la Democracia, el ordenamiento jurídico y el Estado de derecho».
«Todo lo pactado en el texto es conforme a la ley», ha replanteado Carriedo, que ha utilizado varias fórmulas para dar vueltas durante toda su intervención a este planteamiento, lo que ha llevado a los medios de comunicación ha preguntar si no resultaba obvio que la acción de gobierno tenga que ser legal, ante lo que ha insistido en la misma idea.
Informes jurídicos caso a caso
A la hora de traducir en realidad las medidas anunciadas, el portavoz ha sostenido que serán los diferentes informes jurídicos de cada departamento los que velen por ese cumplimiento normativo, también en aquellas cuestiones vinculadas al concepto de ‘prioridad nacional’ para la concesión de ayudas sociales y de vivienda.
Esos informes jurídicos son «la salvaguarda de la legalidad», en palabras de Carriedo, quien ha valorado el nivel de concreción «muy alto» en la redacción de las 324 medidas, buena parte de ellas con plazos concretos de cumplimiento.
Preguntado precisamente por lo que ocurriría si incumplen con esos plazos, Carriedo ha dicho que en el momento actual no contemplan esa opción, sino cumplir con lo acordado en los tiempos previstos, pero si en algún momento se produce ese desvío habrá una evaluación y darán información «con transparencia» sobre las causas que determinen ese retraso. EFE
