Valladolid (EFE).- El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recursos planteado por la Junta de Castilla y León contra el Real Decreto de regularización de inmigrantes, contra el que varias autonomías habían formalizado ya recursos similares y que han llevado a esta instancia judicial a consultar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
La Junta ha recordado en un comunicado que su recurso cuestiona la «dimensión sin precedentes del proceso, la ruptura con los criterios históricos de regularización, la flexibilización de los requisitos de acreditación, la falta de participación de las comunidades autónomas y su compatibilidad con el marco europeo de control migratorio».
El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha señalado que «existen motivos jurídicos sólidos y suficientemente fundamentados para cuestionar la legalidad de este Real Decreto, cuya dimensión y contenido justifican plenamente la interposición del recurso por parte de la Junta de Castilla y León».
El recurso cuestiona, en primer término, el «carácter exacerbado» del proceso extraordinario de regularización previsto por el Real Decreto, ya que supone unas «cifras sin precedentes en la historia de España».
En este sentido, la Junta ha recordado que la previsión inicial del Gobierno situaba el número de potenciales beneficiarios en torno a 500.000 personas, pero las estimaciones más recientes elevan esa cifra hasta aproximadamente 1.100.000, «sin que conste que se hayan analizado ni fundamentado sus naturales efectos», ha añadido esta Administración.
El recurso cuestiona también que este proceso no pida una acreditación de residencia efectiva y arraigo, junto a una actividad laboral efectiva en España, lo que en opinión de la Junta altera «de forma sustancial los principios que habían inspirado este tipo de procedimientos».
Asimismo, la Junta considera que esta norma supone una «flexibilización sin precedentes de los mecanismos de acreditación exigidos para acceder al proceso de regularización».
Critica el Ejecutivo autonómico que el Gobierno no ha contado con las administraciones que «soportarán de forma directa el impacto derivado de un incremento de esta magnitud de la población».
Por último, la Junta considera que el Real Decreto resulta «incompatible con el marco de compromisos asumidos por los Estados miembros de la Unión Europea en materia de control de fronteras y política migratoria».EFE
