Valladolid (EFE).- Castilla y León trabaja desde ya, en la línea de Extremadura y Aragón, en la «preparación de planes de retorno y repatriación» de los inmigrantes ilegales, también de los menores, con la verificación previa de su edad y vínculos familiares, y además cotejará las ayudas sociales tratando de «combatir todo lo relacionado con inmigración ilegal».
Así lo ha trasladado este lunes el vicepresidente primero de la Junta y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán, tras reunirse este lunes con representantes de Cáritas para conocer su trabajo.
Recurso
Pollán se ha referido en declaraciones a los medios al anuncio de la Junta de Castilla y León de que recurrirá el Real Decreto 556/2026, de 30 de junio, por el que se aprueba la capacidad ordinaria del sistema de protección y tutela de personas menores de edad extranjeras no acompañadas, que asigna a Castilla y León una capacidad de acogida para 833 menores.
El vicepresidente de la Junta ha sostenido que no se trata «de una cuestión de financiación, ni de recursos, ni de plazas, sino que es oponernos frontalmente a la política migratoria de Pedro Sánchez, que está suponiendo de colapso de los servicios sociales en toda España y las Comunidades Autónomas y cada vez más en Castilla y León».
Pollán ha insistido en que Castilla y León no va a participar en lo que ha calificado de «estafa migratoria» de Sánchez y ha reiterado la «oposición frontal a cualquier política relacionada con la inmigración ilegal» en esa comunidad, como recoge el acuerdo de Gobierno con el PP.
Retorno y repatriación
En esa línea, ha anticipado que los directores que generales que ya han tomado posesión de su cargo comenzarán «a trabajar en la misma línea que se ha trabajado ya y se está trabajando en Extremadura y en Aragón, que es en la preparación de planes de retorno y repatriación, y en la verificación de la edad de esos supuestos menores».
Se ha referido a que en Aragón casi el 80 por ciento de los menores a los que se la hecho la prueba «no son tales», y en Extremadura un 18 por ciento tienen familiares directos en España, por lo que es «inasumible» dedicar recursos públicos a esos menores.
Una vez contrastada la edad de esos menores, para lo que colaborarán con la Fiscalía, ha explicado Pollán, se procederá a ese plan de repatriación, en la línea de lo que recoge el pacto de gobierno en esa comunidad que «habla de combatir la inmigración ilegal, sean mayores de edad o sean menores de edad».
Menores de edad
«Tendremos que valorar si son menores de edad, si podemos llegar a esos acuerdos y esos convenios que la propia Ley de Extranjería dice que se pueden establecer con los países de origen para poder hacer que esos menores estén donde tienen que estar, que es con sus padres», ha precisado.
El vicepresidente primero de la Junta ha recordado también que en inmigración ilegal trabajan por «no habilitar más espacios para menores, ni rehabilitar más espacios para los mismos», y pretenden «endurecer el régimen interno de esos centros de menores donde tenemos que respetar y valorar el trabajo que hacen nuestros funcionarios y el personal de esos centros y que no sufran las situaciones que están sufriendo».
Ayudas sociales
Sobre las ayudas sociales a organizaciones no gubernamentales como es el caso de Cáritas, se mantendrán las que están firmadas para este 2026, que se van a cumplir, «pero a partir de hoy empezaremos a valorar y a estudiar todas las ayudas y todas las subvenciones que se están repartiendo a través de las distintas asociaciones».
«Cáritas realiza una labor muy importante en muchos aspectos» como infancia, adicciones o mayores, «y en ese sentido bueno pueden estar tranquilos porque esa labor va a seguir haciéndose desde la Consejería de Familia», ha trasladado Pollán.
«Pero desde luego que todo lo relacionado con la inmigración ilegal lo vamos a intentar combatir», ha zanjado.
La Consejería comenzará a trabajar ya desde hoy para «tener todos esos datos y no actuar a la ligera, y actuar con pleno conocimiento de todo lo que hay en la Consejería» y de lo que recoge el pacto de Gobierno, ha concluido. EFE
