El consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo, comparece en rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno Junta de Castilla y León, este jueves. EFE/R. García

Castilla y León lleva tiempo aplicando las pruebas de edad en caso de duda con migrantes

Valladolid (EFE).- Castilla y León ya lleva tiempo solicitando a la Fiscalía, en los casos de duda, pruebas para determinar la edad de los migrantes menores no acompañados que tiene actualmente acogidos la comunidad con el fin de determinar la ayuda que precisan y cuánto tiempo deben ser tutelados.

Así lo ha trasladado el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, quien ha sostenido que no es incompatible mantener ese acogimiento -los menores que tienen la comunidad en la actualidad, tras recurrir el nuevo cupo- con que se intente dar con la familia del menor migrante, tanto si está en España como en su país de origen, en la línea de lo trasladado por el vicepresidente primero de la Junta, Carlos Pollán (Vox).

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En rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Carriedo ha incidido en que ya han utilizado esa vía de pedir a la Fiscalía una prueba de edad, para dar transparencia y saber quien es menor y quien no, ya que no son iguales los derechos.

La Junta tiene la competencia en la tutela de esos menores migrantes no acompañados, por lo que deben determinar el tiempo que deben ser atendidos en el sistema de protección para hacer el calendario de seguimiento individualizado de cada uno de ellos.

El Gobierno de Castilla y León ya anunció el pasado fin de semana que recurrirá el Real Decreto 556/2026, de 30 de junio, por el que se aprueba la capacidad ordinaria del sistema de protección y tutela de personas menores de edad extranjeras no acompañadas, que asigna a Castilla y León una capacidad de acogida para 833 menores.

Castilla y León tiene 130 plazas y 186 menores migrantes acogidos, según los datos aportados por la Junta.

El vicepresidente primero de la Junta y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán, planteó el pasado lunes que una vez contrastada la edad de esos menores se procedería a ver si pueden llegar «a esos acuerdos y esos convenios que la propia Ley de Extranjería dice que se pueden establecer con los países de origen para poder hacer que esos menores estén donde tienen que estar, que es con sus padres».

Este jueves, Carriedo ha respaldado que los menores con quien mejor están es con sus familias, pero si no es posible se mantendrá el acogimiento institucional en el que ya están. EFE