Valladolid (EFE).- El Ministerio de Hacienda ha remitido este viernes a las comunidades autónomas el borrador de su propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica, un modelo que, según los cálculos del Gobierno, supondría para Castilla y León un incremento de 271 millones de euros anuales respecto al sistema vigente y que sitúa a la Comunidad entre las principales beneficiadas por los criterios ligados a la despoblación.
Según han informado a EFE fuentes del Ministerio de Hacienda, el documento desarrolla la propuesta presentada el pasado mes de enero y será objeto de negociación en los próximos comités técnicos y en un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) específico.
Despoblación como criterio
El departamento que dirige Arcadi España sostiene que Castilla y León es la comunidad autónoma que más se beneficia del criterio de población ajustada, al situarse un 9,7 % por encima de su población real, gracias al peso que el nuevo modelo concede a variables como la superficie, la dispersión territorial y los costes derivados de la despoblación.
En concreto, el borrador reconoce a Castilla y León como el territorio que más recursos recibiría por el criterio de superficie y la sitúa entre las comunidades más favorecidas por el factor de dispersión, además de incorporar un nuevo criterio de costes fijos, pensado para compensar a las autonomías con menor población y dificultades para alcanzar economías de escala.
El Gobierno también destaca que Castilla y León se beneficiaría de los mecanismos de solidaridad interterritorial, tanto de la denominada nivelación horizontal entre comunidades como de la aportación adicional del Estado a través de la nivelación vertical, además de acceder al nuevo fondo climático previsto en la reforma.
Hacienda defiende que el nuevo sistema aportará más recursos a todas las comunidades autónomas «sin excepción» y que reducirá las diferencias actuales de financiación por habitante ajustado, al tiempo que incrementará la autonomía fiscal y blindará la financiación de los servicios públicos esenciales.
Entre las novedades figura una actualización del cálculo de la población ajustada, con mayor peso de variables relacionadas con el envejecimiento, la sanidad, la educación, la dependencia o la dispersión geográfica, así como un aumento de la cesión de impuestos como el IRPF y el IVA, que pasaría del 50 al 55 % y al 56,5 %, respectivamente.
Hacienda subraya que el Ejecutivo central mantiene la «mano tendida» para negociar el texto y lamenta que las comunidades gobernadas por el PP rechazaran en el último CPFF los objetivos de estabilidad presupuestaria, una decisión que, según el Ministerio, suponía para Castilla y León disponer de 282 millones de euros adicionales de margen fiscal.
El Gobierno insiste en que el borrador constituye un punto de partida para la negociación y sostiene que no existen «elementos objetivos» para rechazar un modelo que incrementa la financiación de todas las comunidades autónomas y garantiza que ninguna reciba menos recursos que con el sistema vigente.
Desde el Gobierno autonómico, la Junta de Castilla y León ha criticado esta propuesta de nuevo modelo por nacer del acuerdo entre el Gobierno de España y la formación independentista de ERC, aunque el borrador sí recoge criterios que venía reclamando, como que se tuviera en cuenta la despoblación, el envejecimiento o el coste real de prestar los servicios públicos.
Por el momento, la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León ha trasladado a EFE que está analizando el documento y no hará una valoración aún al respecto.
Castilla y León encuentra menos transparencia en el modelo
De la primera lectura del borrador de propuesta de reforma de financiación autonómica remitido esta tarde a las comunidades, Castilla y León ha encontrado menos transparencia, ya que no incluye ni el total ni el reparto, con 271 millones más al año para esa comunidad, la misma cuantía que en el anterior modelo pactado por el Gobierno con el dirigente de ERC, Oriol Junqueras.
El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo (PP), ha incidido en declaraciones a EFE en que en esa primera lectura en diagonal de documento, que han recibido poco antes de las dos de la tarde, encuentran que no se incluyen ni los fondos que se añadirían en total al modelo ni lo que corresponde a cada comunidad.
El borrador enviado incluye un incremento de 271 millones de euros anuales para Castilla y León respecto al sistema vigente y que sitúa a la Comunidad entre las principales beneficiadas por los criterios ligados a la despoblación.
Un reparto «insuficiente»
Se trata de la misma cantidad que en la anterior propuesta, la pactada con ERC, ha lamentado Carriedo, que ya entonces Castilla y León vio insuficiente, ya que si se mantienen los 20.975 millones a repartir de entonces, esos 271 millones supondrían el 1,29 por ciento de los nuevos fondos, para una comunidad que tiene el 20 por ciento de la superficie y el 5 por ciento de la población de España.
Y de los fondos para cambio climático, dos terceras partes son para las comunidades del Mediterráneo, cuando Castilla y León tiene la mayor superficie forestal de España.
Carriedo ha concluido que ese modelo gustará a quien lo ha hecho, pero es malo para España y sus comunidades y para Castilla y León.EFE
