Valladolid (EFE).- El vicepresidente primero de la Junta y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán (Vox), ha anunciado este lunes que el Gobierno autonómico limitará al mínimo legal sus ayudas de cooperación internacional y que, las que apruebe, priorizarán a aquellos países que colaboren en la «repatriación y retorno» de los menores migrantes.
Así lo ha avanzado durante su comparecencia en las Cortes para exponer el programa de actuación de su departamento en la legislatura, en la que ha situado la desregulación administrativa, el apoyo a las familias y el rechazo a la política migratoria del Gobierno entre los principales ejes de actuación.
Asimismo, el vicepresidente primero ha anunciado que el Gobierno autonómico solicitará «por sistema» a la Fiscalía pruebas de determinación de edad para los menores extranjeros no acompañados que lleguen a la Comunidad.
Del mismo modo, ha reiterado que la Junta recurrirá el real decreto que fija en 833 la capacidad ordinaria de acogida de menores extranjeros no acompañados en Castilla y León.
Ha avanzado también que no se abrirán nuevos centros de acogida, que no ampliarán plazas y que se revisarán las ayudas y convenios con entidades que, a juicio del Ejecutivo autonómico, favorezcan la inmigración ilegal.
‘Prioridad nacional’ en las ayudas
El vicepresidente primero también ha anunciado que el acceso a ayudas y prestaciones públicas se inspirará en el principio de ‘prioridad nacional’, mediante requisitos reforzados de arraigo y vinculación con el territorio, así como una mayor relación entre las ayudas y la trayectoria de cotización y contribución al sistema.
En este sentido, Pollán ha tildado de «éxito» y de «avance» que su formación consiguiera plasmar este principio en los acuerdos de PP y Vox en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía.
«A partir de ahora, el acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas se inspirará en dicho principio», ha expresado Pollán, que ha subrayado que, desde ahora, las personas que estén en situación irregular quedarán «excluidas» de prestaciones y servicios sociales, «limitando su acceso exclusivamente a disposiciones de urgencia vital», ha precisado.
«Que Castilla y León sea tierra de acogida no significa que aquí quepa todo el mundo», ha argumentado el vicepresidente primero, que ha ligado la «llegada masiva de extranjeros» con la proliferación de la precariedad laboral, el deterioro de los servicios públicos y la «inseguridad en las calles». EFE
