Valladolid (EFE).- El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha propuesto este martes elevar del 2,5 al 10 % el peso de las variables territoriales en el nuevo modelo de financiación autonómica para compensar el coste de prestar servicios en una comunidad «extensa, dispersa, envejecida y despoblada».
Martínez ha presentado en rueda de prensa un documento que el partido abrirá ahora a las aportaciones de los agentes económicos y sociales y que pretende convertir en una iniciativa parlamentaria en las Cortes en septiembre para hacerla también extensible a otras autonomías con problemas análogos.
La propuesta parte de considerar «justa, pero insuficiente» la reforma planteada por el Gobierno y busca modificar su «letra» para que Castilla y León reciba más recursos mediante criterios objetivos ligados a su realidad territorial.
El líder socialista ha acusado al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, de limitarse a rechazar el modelo y utilizar la financiación como «instrumento de confrontación partidista, sin presentar una alternativa propia».
«Los derechos no tienen código postal», ha resumido Martínez, quien ha defendido que el sistema debe financiar el coste real de garantizar la sanidad, la educación o la dependencia, y no limitarse a contabilizar habitantes.
Índice de Coste Efectivo Territorial
Para concretar ese principio, el PSOE ha propuesto crear un Índice de Coste Efectivo Territorial que incluya la superficie, la baja densidad, la dispersión y el número de municipios, los costes fijos de los servicios y la movilidad.
Martínez ha señalado que el coste de prestar servicios básicos en municipios de menos de mil habitantes puede ser un 38 % superior y que los modelos dispersos resultan entre 2,5 y siete veces más caros que los urbanos.
También ha destacado que los hogares rurales destinan un 16,2 % de su renta a la movilidad, frente al 11,6 % de los hogares metropolitanos, una diferencia que reduce su capacidad económica para acceder a servicios esenciales.
El documento plantea también convertir el actual Fondo de Cohesión y Transformación Territorial en un instrumento «estable, plurianual y finalista integrado en el sistema de financiación».
Este fondo tendría como objetivo corregir las desigualdades derivadas de la despoblación y financiar servicios como consultorios rurales, transporte a la demanda o vivienda, con participación directa de ayuntamientos y diputaciones.
Los socialistas proponen además un Fondo Estatal de Adaptación Climática y Custodia Territorial que reconozca el coste de conservar los bosques, el agua y la biodiversidad, producir energía renovable y prevenir y extinguir incendios.
En materia tributaria, el PSOE ha planteado un suelo fiscal común para impedir que las comunidades que reduzcan voluntariamente sus ingresos mediante rebajas impositivas reclamen después que el sistema común compense esa pérdida.
En este sentido, Martínez ha citado expresamente a la Comunidad de Madrid y ha advertido de que sus rebajas fiscales pueden restar competitividad a Castilla y León en la captación de empresas y grandes patrimonios.
Solidaridad en la financiación también en Castilla y León
El PSOE pretende aplicar dentro de la Comunidad los mismos criterios de cohesión que reclama al Estado, mediante una distribución de recursos que corrija las desigualdades existentes entre provincias y comarcas.
Para ello, ha planteado una comparecencia anual en las Cortes que detalle cuánto dinero recibe Castilla y León y cuál es su efecto real sobre las listas de espera sanitarias, las ratios educativas o la cobertura de la dependencia.
Martínez ha avanzado que el documento será compartido con federaciones socialistas de comunidades con problemas similares, como Extremadura, Aragón, Galicia, Asturias y Castilla-La Mancha.
También ha defendido que su propuesta desarrolla y concreta el acuerdo sobre financiación suscrito hace más de una década por el entonces presidente Juan Vicente Herrera y el antiguo líder socialista Luis Tudanca, en lugar de romperlo.
El proceso de diálogo culminará previsiblemente en septiembre con una iniciativa parlamentaria abierta al resto de grupos, a los que Martínez ha emplazado a posicionarse sobre una propuesta que, a su juicio, defiende de manera «rigurosa» los intereses de la Comunidad. EFE
