Valladolid (EFE).- La sección de instrucción 2 del Tribunal de Instancia de Soria ha inadmitido la querella presentada por Vox sobre un supuesto chivatazo que, según la formación de Santiago Abascal, hubo en el registro de la Guardia Civil al Ayuntamiento de Soria por delitos de corrupción el pasado 23 de junio.
Vox entendía que se habría producido un delito de revelación de secretos en el registro, algo que el tribunal rechaza y considera que no existen indicios racionales de criminalidad, según ha informado el TSJCyL.
La resolución no es firme y puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial.
Por otra parte, la Sección de Instrucción (Plaza 3) del Tribunal de Instancia de Soria ha acordado la prórroga del secreto de las actuaciones un mes más a partir de hoy.
Y ha aceptado la personación de VOX como acusación popular en el caso.
El caso se remonta al 23 de junio pasado cuando la Guardia Civil registró durante casi doce horas el Ayuntamiento de Soria en el marco de una operación dirigida por el Tribunal de Instancia 3 de Soria y la Fiscalía de la Audiencia Provincial por supuestas irregularidades en contratos públicos.
La actuación incluyó además dos registros en domicilios particulares.
La investigación analiza hechos que supuestamente podrían constituir delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias, negociaciones y actividades prohibidas para funcionarios públicos, falsedad documental, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
En el curso de la operación fueron detenidas seis personas, cuatro en Soria y dos en Madrid.
Entre ellas figuraba la concejala socialista Yolanda Santos, edil de Medio Ambiente y Turismo.
Fuentes próximas a la investigación situaron el foco en supuestas irregularidades en la contratación municipal con empresas vinculadas con la edil.
El Ayuntamiento estaba gobernado por el PSOE y hasta abril de 2026 su alcalde había sido Carlos Martínez, que dejó el cargo tras 19 años para recoger su acta como procurador en las Cortes de Castilla y León. Ahora el alcalde es Javier Antón, también del PSOE.
En relación con el posible delito de revelación de secretos y el supuesto chivatazo sobre el registro, el PP y Vox anunciaron acciones y querellas para esclarecer si hubo una filtración previa sobre la entrada de la Guardia Civil en dependencias municipales y si esa información llegó también al exalcalde Carlos Martínez.
Según trasladaron PP y Vox tras una reunión con el alcalde, Javier Antón les reconoció que el lunes 22 de junio el Ayuntamiento había recibido una comunicación informando de que al día siguiente podía producirse un registro.
Posteriormente, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León confirmó a EFE que el Tribunal de Instancia remitió ese 22 de junio un oficio al alcalde en su condición de custodio de la documentación municipal para comunicar la posibilidad de una entrada y registro, pero sin concretar fecha, hora, hechos investigados, infracciones penales ni personas afectadas.
Según el TSJ de Castilla y León, incluía una advertencia expresa sobre el carácter secreto de las actuaciones y sobre las posibles consecuencias jurídicas derivadas de revelar cualquier información relacionada con ellas.
Carlos Martínez negó posteriormente haber tenido conocimiento del registro antes de las 9:22 horas del 23 de junio, cuando la Guardia Civil ya se encontraba en el Ayuntamiento, y rechazó que hubiera existido chivatazo alguno. EFE
