Zamora (EFE).- El centro de datos de inteligencia artificial proyectado en el alfoz de Zamora, que se encuentra en tramitación administrativa, supondrá una inversión cercana a 4.600 millones de euros que se acometerá íntegramente con capital privado.
La cifra de inversión estimada para esas instalaciones que se pretenden poner en marcha en el polígono Zamora Norte de Monfarracinos figura en la memoria del proyecto regional que tramita la Junta de Castilla y León para agilizar los trámites de este macroproyecto que funcionará de forma autónoma desde el punto de vista energético, sin utilizar suministro de la red para su funcionamiento.
El proyecto regional, que permanece a exposición pública en periodo de alegaciones durante 45 días contados a partir de este jueves, incluye una estimación del coste de esas instalaciones y cifra en 3.837 millones de euros lo que vale instalar el centro de datos con sus cinco naves de ordenadores y su unidad de energía asociada, consistente en una central térmica de cogeneración de 24 motores de gas y gasóleo.
El proyecto se completa con una gran instalación de almacenamiento de energía en baterías y una planta solar fotovoltaica de cerca de mil hectáreas que producirá el 70 % de la energía que consuma el centro de datos.
La planta fotovoltaica tendrá un coste estimado de 682 millones de euros, lo que suma ya 4.519 millones de euros, y a todo ello hay que añadir los costes de la redacción de los proyectos, la compra de los terrenos, las licencias e impuestos y otros desembolsos, por lo que el documento oficial de declaración de esa iniciativa como proyecto regional cifra en torno a 4.600 millones de euros la inversión total.
El ‘Data Center Hiperescalar’ del polígono Zamora Norte está impulsado por la energética Edison Next Spain, filial en España del grupo francoitaliano EDF, y FRV-X Renewable, perteneciente a un grupo inversor emiratí de renovables.
El proyecto regional precisa que las instalaciones no implican compromisos económicos para la Administración «diferentes a los ya adquiridos por iniciativas públicas previas», en referencia a la inversión que realiza actualmente la Junta de Castilla y León para construir el polígono Zamora Norte.
Impacto para la Administración
Al contrario, el impacto económico para las Administraciones públicas resulta positivo, según apunta el documento, ya que el centro de datos se ubicará en terrenos de esa nueva zona de suelo industrial y serán adquiridos a la empresa pública autonómica que promueve el polígono, Somacyl.
Del mismo modo, el centro de datos tendrá un «impacto económico positivo» para la Administración local, por las tasas municipales por licencias, el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras o los ingresos anuales vinculados al Impuesto de Bienes Inmuebles.
Empleo
Como segundo efecto positivo, el plan regional alude al empleo que se generará, tanto en las obras del centro de datos como, una vez construido, cuando esté en marcha, con funcionamiento permanente las 24 horas del día todos los días del año.
La estimación de empleo directo con las instalaciones en funcionamiento apuntan a que la planta de energía fotovoltaica requeriría 69 trabajadores divididos en cinco turnos roratorios y el centro de datos entre 372 y 430 empleos, dependiendo de si se centralizan algunas necesidades de personal.
Eso supone que el conjunto de instalaciones asociadas a ese centro de datos en inteligencia artificial crearía de forma directa entre 441 y 499 empleos.
El proyecto ha iniciado este verano su procedimiento administrativo y ya ha concluido el periodo de alegaciones a la autorización ambiental y ahora acaba de abrir el plazo de alegaciones para declarar la iniciativa proyecto regional.
Esa declaración permitirá agilizar la tramitación administrativa al considerar de utilidad pública e interés social la inversión y así dar vía libre a la urgente ocupación de los bienes y derechos afectados para su expropiación forzosa, ocupación temporal o modificación de servidumbres.
El proyecto del centro de datos ha generado el rechazo de grupos ecologistas y algunos colectivos sociales debido principalmente al consumo de agua, unos 18.000 metros cúbicos al año (18 millones de litros); las emisiones de CO2 de las instalaciones, unas 307.000 toneladas anuales, y de otros contaminantes; y la extensión de terrenos agrícolas afectados por la planta fotovoltaica y sus consecuencias medioambientales. EFE
