Valladolid, (EFE).- El presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Mario Amilivia, ha considerado este lunes que sería bueno «intentar abrir» el debate sobre la conveniencia de reducir el gasto que supone, algo más de 1 millón de euros en las últimas elecciones autonómicas, el envío de propaganda electoral y papeletas a los hogares de los potenciales electores, a lo que se han abierto los portavoces parlamentarios de PP, PSOE, Vox y UPL.
Durante su comparecencia ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes, para presentar los informes sobre los gastos electorales de los partidos que concurrieron a las elecciones del pasado marzo en Castilla y León, Amilivia ha destacado que fueron 6,3 millones de envíos, con un coste medio de casi 16 céntimos, lo que en su opinión puede ser disminuido con un cambio en la Ley Electoral de Castilla y León.
No obstante, el presidente del Consejo de Cuentas ha reconocido que un territorio como Castilla y León tiene peculiaridades como la dispersión poblacional y el envejecimiento de su población, lo que «hace más difícil aplicar nuevos procedimientos que podrían ser más eficientes, pero es un debate que se debería intentar abrir».
En términos generales, el Consejo ha reconocido que las pequeñas irregularidades detectadas no constituyen infracciones sancionables por la Ley Orgánica de Financiación de los Partidos Políticos y tampoco han merecido proponer la no adjudicación de subvenciones electorales.
Sin embargo, en el apartado de las recomendaciones, ha defendido introducir una serie de precisiones en la normativa electoral de la Comunidad, que data de 1987, especialmente con el detalle de la documentación contable que deben presentar los partidos en estos procesos fiscalizadores, aunque varios partidos y el propio Amilivia han reconocido que estas recomendaciones se han venido repitiendo desde hace años, sin que se hayan modificado.
Consenso entre los partidos sobre los envíos
Todos los portavoces que han intervenido han coincidido en la necesidad de avanzar en el cumplimiento de las recomendaciones planteadas por el Consejo de Cuentas, aunque con distintos niveles de detalle.
En el caso del portavoz del Grupo Popular, David Beltrán, tras escuchar al resto de intervinientes, ha dicho que los populares toman «nota» de lo que les corresponde y se muestran abiertos a «perfeccionar las reglas para futuros procesos electorales», a través de las nuevas tecnologías y una mejora en el sistema de envíos de papeletas y propaganda electoral.
En un sentido similar, el portavoz socialista, Benjamín Fernández, ha defendido el cumplimiento de las normas por parte de todos los partidos, aunque ha alertado del «espejo incómodo» que sitúa el Consejo ante las Cortes por su «pasividad» a la hora de reformar la Ley Electoral en estos apartados, con «idénticas asignaturas pendientes» a lo largo de los años.
En concreto, sobre el envío de la propaganda y las papeletas, el representante socialista ha considerado que el actual, a casi 4 años de las próximas elecciones autonómicas, «es el momento» adecuado para cambiar lo que consideren las Cortes, que ha considerado «el lugar perfecto» para acometer estos cambios.
También la procuradora de Vox Silvia Guilarte se ha mostrado partidaria de acometer estos cambios para reducir el importe de dinero público que se destina a los envíos, ya que en su opinión se trata de un sistema pensado para los partidos pero no para los contribuyentes, en un momento en el que todos los ciudadanos acceden a las papeletas en los colegios electorales.
Por su parte, la procuradora de la UPL Rosa María Quintanilla ha pedido una reflexión sobre si es «eficiente» que se sigan enviando a los hogares millones de sobres y papeletas individuales, cuando hay disponibilidad en las mesas electorales: «Es un modelo analógico, costoso y medioambientalmente no sostenible», ha resumido.
Réplica de Amilivia: una ponencia
En su réplica, Amilivia ha celebrado la «gran aceptación» de sus recomendaciones y ha retado a los grupos parlamentarios a impulsar en el seno de las Cortes una ponencia de reforma de la Ley Electoral, al menos en los aspectos referidos a la contabilidad electoral, ya que ha asumido que esa norma aborda otras cuestiones del propio procedimiento electoral.
Ha reconocido que esa posible modificación de la Ley Electoral de Castilla y León debe cometerse con «el mayor consenso» entre las distintas formaciones políticas, aunque ha subrayado que «hay tiempo suficiente para crear una ponencia específica»: «Ya veremos a ver lo que pasa dentro de 4 años», ha zanjado.EFE
