Burgos (EFE).- La Fiscalía y la acusación particular piden entre 18 y 30 meses de prisión por un delito de maltrato animal para el propietario de un criadero de perros de Melgar de Fernamental (Burgos), huido de la justicia desde 2020 y que el pasado febrero fue detenido en Venezuela y extraditado para ser juzgado en España.
Este martes ha arrancado el juicio en el Juzgado de lo Penal nº 2 de Burgos, seis años después de que la Guardia Civil desmantelara en febrero de 2020 el criadero, en el que había un centenar de perros -el doble de los autorizados- en pésimas condiciones higiénico-sanitarias, y algunos muertos desde hacía veinte días.
El acusado, que había abandonado España apenas cinco días antes del registro de la Guardia Civil, se enfrenta a un delito de maltrato animal, por el que la Fiscalía pide 18 meses de cárcel, y de 25 a 30 en el caso de la acusación particular ejercida por la asociación Justicia y Defensa Animal de Burgos.
También a otro delito de alzamiento de bienes, con una petición de 3 años; la acusación insiste en la reincidencia del detenido, que ya había sido condenado a un año por maltrato animal en octubre de 2019, en un juicio rápido, y que mantuvo el criadero sin mejorar las condiciones en las que mantenía a los perros.
Por su parte, la defensa ha solicitado la absolución, y ha alegado vulneración de derechos fundamentales del acusado por no disponer en todo momento de abogado. Ha cuestionado también la extradición desde Venezuela al no existir, a su juicio, delitos correlativos en la legislación venezolana.
Estado «deplorable», animales desnutridos y evidencias de canibalismo
Los hechos por los que ahora se le juzga se remontan al periodo entre noviembre de 2019 y febrero de 2020, y derivan de una denuncia de septiembre de 2019 de Justicia y Defensa Animal, pero también de las inspecciones realizadas por la Guardia Civil y la Junta de Castilla y León tras la primera condena.
Los agentes del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil han confirmado que el criadero de perros, autorizado en 2015, no reunía las condiciones adecuadas ni cumplía con la normativa, y que los animales se encontraban abandonados, sin alimentación ni agua y en pésimas condiciones.
Han calificado la situación del criadero de «deplorable» han descrito a animales desnutridos, enfermos, heridos y algunos con evidencias de canibalismo, único recurso que llegaron a tener a su disposición para alimentarse ante la ausencia de comida: poca, de mala calidad y mezclada con excrementos.
La misma valoración han realizado los veterinarios y técnicos de la Junta de Castilla y León que, entre noviembre de 2019 y febrero de 2020, realizaron visitas a las instalaciones, sin ver una mejoría «suficiente», y que fueron los que instaron en varias ocasiones a sacar animales por el riesgo que corría su vida.
Animales muertos durante viente días
Uno de los agentes del Seprona que intervino en la operación que sirvió para desmantelar el criadero a finales de febrero de 2020 considera que el acusado «había abandonado a su suerte» a los animales: «decidió dejarlos morir», ha indicado, pues se marchó sin haberles dejado ni comida ni agua.
En el registro encontraron 31 animales vivos, y otros siete muertos, algunos fallecidos hacía casi veinte días; además, registraron otras dos propiedades, entre ellas, un piso en el que hallaron otros 37 perros vivos y dos más muertos, uno de ellos oculto en un congelador.
«Si hubiéramos tardado más habrían muerto todos. Había riesgo vital», han insistido los agentes, lo mismo que los veterinarios y técnicos de la Junta, que han recordado que había varios expedientes sancionadores abiertos y que en diciembre de 2019 dieron orden de retirar todos los animales y cerrar el criadero.
Condenas previas y sin enmienda
En la primera sesión del juicio, que continuará el viernes con testificales de peritos, ha declarado también la representante de Justicia y Defensa Animal, Judith Sánchez, quien ha explicado que ofrecieron ayuda al acusado para atender a los animales, e incluso le pidieron su cesión, pero no aceptó.
También que se encargaron de los perros supervivientes, tanto los que se rescataron tras la última intervención de la Guardia Civil en febrero de 2020 como en otras previas, y ha confirmado el grave estado en el que se encontraban: «He visto muchas barbaridades pero como esta nunca antes», ha admitido.
En declaraciones a las puertas de los juzgados, Sánchez ha reconocido que confía en que se haga justicia, después de que la madre y la expareja del acusado fueran juzgadas el pasado año, también por maltrato animal, y se las condenara a un año de prisión -por conformidad-.
Mientras, el abogado de la asociación, Luis Oviedo, ha explicado a los medios que sea cual sea la condena ahora «es muy difícil» que el acusado ingrese en prisión porque ha pasado ya casi 24 meses en preventiva -ocho en Venezuela-, y está en libertad. EFE
