Madrid/Barcelona, 14 oct (EFE).- Un año y tres meses después de que el juez enviase al banquillo a la familia Pujol, el juicio sigue sin fecha, pendiente de expurgar del proceso los documentos que no son de interés para la causa y con la amenaza de que la falta de salas disponibles dilate aún más la celebración de la vista.
El delicado estado de salud de Jordi Pujol, intervenido tras sufrir un ictus que a sus 92 años podría dejarle secuelas, arroja más incertidumbre sobre el desenlace de un caso que se empezó a investigar hace una década y del que Marta Ferrusola, esposa del expresidente de la Generalitat de Cataluña, ya ha sido exculpada por la demencia que padece.
La causa, que se remonta a 2012 y tomó vuelo con la confesión de Jordi Pujol sobre la fortuna familiar oculta en 2014, está lista para ser juzgada desde junio del año pasado, cuando el juez Santiago Pedraz dictó el auto de apertura de juicio oral contra Pujol y sus siete hijos por delitos de asociación ilícita y blanqueo de capitales.
La Fiscalía pide nueve años de cárcel para el expresidente catalán y entre ocho y 29 para sus siete hijos -la mayor para el primogénito, Jordi Pujol Ferrusola-, a quienes acusa de amasar una fortuna con pagos ilícitos de empresarios y blanquearlos después mediante artificios financieros.
ESCASEZ DE SALAS DISPONIBLES PARA UNA CAUSA NO PRIORITARIA
Además de la familia Pujol, en el banquillo se sentarán otras 11 personas implicadas en la presunta trama corrupta, entre ellas la exmujer de Jordi Pujol Ferrusola, lo que suma una veintena de acusados, con sus respectivos letrados.
Ello podría dificultar encontrar una sala con espacio suficiente para dar cabida al juicio en una Audiencia Nacional que ya suele acumular demoras en los señalamientos de las vistas, debido a las numerosas causas complejas que tiene en sus manos por asuntos vinculados a la corrupción, el crimen organizado o el terrorismo.
El hecho de que ninguno de la veintena de acusados del caso Pujol esté en prisión preventiva -solo Jordi Pujol Ferrusola lo estuvo durante siete meses y quedó libre bajo fianza de medio millón de euros- impide asimismo que el proceso sea considerado prioritario, de forma que todos aquellos casos con acusados en dicha situación pasarían por delante en la agenda de juicios de la Audiencia Nacional.
Pero el procedimiento aún no se encuentra en esa fase dado que ni siquiera ha sido elevado a Sala. La causa sigue en el juzgado, pendiente de que se expurguen todos los datos personales que no son de interés a petición de la defensa de la familia Pujol, según las fuentes consultadas por Efe, que ven complicado que el año que viene se vea a los Pujol sentados en el banquillo.
INCERTUDIMBRE POR LA SALUD DE JORDI PUJOL
Y a todo esto se suma la incógnita de si Jordi Pujol estará en condiciones de hacerlo o si, como sucedió con su esposa, sus problemas de salud impedirán juzgarlo.
Aunque el equipo médico que lo ha intervenido en el Hospital de Sant Pau de Barcelona todavía no ha determinado si sufrirá secuelas o cuál sería el alcance de las mismas, es más que probable que su defensa esgrima sus eventuales daños neurológicos y su avanzada edad para librarle del juicio.
De ser así, Pujol seguiría los pasos de su esposa, a quien el juez Pedraz archivó el caso en junio de 2021, después de que los forenses acreditaran que no tiene capacidad de juicio debido al alzheimer, un trámite que podría dilatar aún más la vista oral.
En el banquillo faltaría entonces la cúspide de la estructura jerárquica que el primer magistrado que instruyó el caso, José de la Mata, atribuyó a la familia: el expresident y su esposa -“madre superiora de la congregación”, según documentos incautados-, seguidos de su primogénito -“capellán de la parroquia”- gestionando y repartiendo el patrimonio amasado presuntamente de forma ilegal.
