El presidente de la Generalitat, Pere Aragonés (c), acompañado por la consellera de Presidencia, Laura Vilagrá (2i), presidieron la reunión semanal del Consejo Ejecutivo catalán, marcada por la posible reforma del Código Penal y los contactos con fuerzas de la oposición para buscar apoyos a los próximos presupuestos.

El Govern celebra la reforma de la malversación: “En el 1-O no hubo delito”

Barcelona (EFE).- La portavoz de la Generalitat de Cataluña, Patrícia Plaja, ha mostrado la “satisfacción” del Govern por un acuerdo para reformar el Código Penal que hará “más difícil” que la justicia pueda “perseguir y castigar” al independentismo, y ha asegurado que en el 1 de octubre “no se cometió ningún delito”.

Tras el pacto para derogar el delito de sedición, el PSOE y ERC llegaron ayer a un acuerdo que rebaja las penas del delito de malversación cuando no exista ánimo de lucro o enriquecimiento personal, que estará castigado con un máximo de 4 años de prisión frente a los 8 que marca el actual Código Penal en su tipo agravado.

En rueda de prensa tras la reunión semanal del Consejo Ejecutivo catalán, Plaja ha opinado que estas reformas no significan que “ahora tengamos un Código Penal ejemplar”, pero sí ha opinado que con la derogación de la sedición y la reforma de la malversación se “limita la persecución a la disidencia política”.

La portavoz ha afirmado que el objetivo del gobierno catalán “nunca ha sido suprimir la malversación”, ya que “siempre se ha de castigar la corrupción política y a quienes busquen lucrarse”, pero sí se buscaba cambiar un Código Penal que “castigaba al independentismo bajo el paraguas de una falsa malversación”.

“En el 1 de octubre no se cometió ningún delito. Sabemos que la justicia española y algunos partidos tienen la voluntad de usar el Código Penal para perseguir al independentismo. Pero con esta reforma del Código Penal ponemos las cosas un poco más difíciles”, ha aseverado.

Plaja ha exhibido la “satisfacción” por el “avance” que supone esta reforma, fruto de unos acuerdos que ha enmarcado en la mesa de negociación con el Estado, que en principio debería reunirse antes de final de año. “Los acuerdos y los avances son evidentes a ojos de todo el mundo en material de desjudicialización”, ha señalado.