Àlex Cubero
Barcelona (EFE).- El futuro de Laura Borràs como presidenta del Parlament ante una eventual sentencia condenatoria era, desde hace casi un año, el elefante en la habitación de la política catalana, una cuestión espinosa que generaba tensiones políticas en el independentismo y que nadie quería abordar a fondo hasta que hubiera una decisión judicial.
Una casilla a la que se ha llegado este jueves, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha condenado a Borràs a 4 años y medio de cárcel, además de 13 años de inhabilitación, por adjudicar contratos a dedo en la Institució de les Lletres Catalanes, si bien ha propuesto su indulto parcial para que pueda evitar la prisión.
A falta de una sentencia firme, en EFE analizamos los escenarios políticos que se abren ahora tras la inhabilitación de Laura Borràs:
¿En qué situación parlamentaria se encuentra Borràs?
La presidencia del Parlamento catalán, segunda autoridad en Cataluña, está en una situación de interinidad desde el 28 de julio de 2022, cuando la Mesa de la cámara (con los votos de PSC, ERC y CUP, frente a uno en contra de JxCat) aprobó suspender a Borràs como diputada y como presidenta, tras la apertura de juicio oral.
Esa suspensión se efectuó en aplicación del artículo 25.4 del reglamento (introducido en la reforma que aprobaron Junts pel Sí y la CUP en 2017), que establece la suspensión inmediata de un diputado si se le abre juicio oral por “delitos vinculados a la corrupción”.
Alba Vergés (ERC), vicepresidenta primera de la cámara, ejerce de presidenta en funciones desde entonces, ya que Borràs se ha negado a dejar el cargo, aunque fuera de forma transitoria, al enmarcar su caso en una “persecución política” del Estado.
¿Qué prevé ahora el reglamento del Parlament?
Con la sentencia de hoy, Borràs mantiene exactamente su misma situación parlamentaria -diputada y presidenta de la cámara, aunque suspendida-, ya que el reglamento del hemiciclo catalán establece que la pérdida del escaño se produciría cuando haya sentencia “firme” de inhabilitación.
Pero si algún grupo acudiera a la Junta Electoral Central (JEC), algo que CS, PPC y Vox ya han empezado a hacer, esta podría analizar si la condena de inhabilitación del TSJC es una causa de inelegibilidad sobrevenida sin tener que esperar a sentencia firme.
En ese caso, en base al artículo 6.2.b de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG), la JEC podría dar por retirado el escaño de Borràs y enviaría la credencial del nuevo diputado de la lista de JxCat, además de solicitar a la Mesa del Parlament que lo aplique.
¿Hay antecedentes similares?
El Parlament se vio en la misma tesitura en dos casos anteriores, los del expresidente catalán Quim Torra (JxCat) y del diputado Pau Juvillà (CUP): aunque las sentencias del TSJC no eran firmes, la JEC -que no actuó de oficio- instó a retirarles su escaño.
En enero de 2020, la Mesa del Parlament, durante la presidencia del Roger Torrent (ERC), avaló retirar la condición de diputado de Torra, en aplicación de una orden de la JEC, por haber desoído el ultimátum de retirar del balcón de la Generalitat, en periodo electoral, una pancarta de apoyo a “presos políticos y exiliados”.
Una decisión de Torrent de obedecer a la JEC que enfureció a JxCat, que nunca se lo perdonó; no obstante, dos años después, en febrero de 2022, la entonces presidenta del Parlament, Laura Borràs, actuó de la misma manera cuando decidió retirar el escaño a Juvillà, que había sido inhabilitado también por mantener lazos amarillos en el Ayuntamiento de Lleida en periodo electoral.
¿Cómo actuarán los partidos respecto a Borràs?
Todos los partidos excepto JxCat coinciden en que Borràs debe dimitir de inmediato, si bien las diferencias surgen en relación a quién debe sucederla al frente de la institución.
ERC pide esperar a que haya sentencia firme, pero en caso de que la JEC ordene retirar el acta a Borràs, son partidarios de que la presidencia recaiga en un diputado “de la mayoría independentista” (no se oponen a que sea de JxCat, aunque el Govern de coalición se rompió hace meses), si así se evita que vaya a parar a manos del PSC.
También la CUP ha puntualizado que priorizará que la nueva presidencia “no recaiga en ningún partido del 155” (aludiendo a PSC, CS, PP o Vox); en cambio, los comunes apuestan por un presidente de “una fuerza progresista”, lo que abriría la posibilidad de un candidato de partidos de izquierda, sea independentista o no.
En el PSC por ahora manda la prudencia: consideran que corresponde a los partidos que permitieron la investidura de Borràs -Junts, ERC y CUP- proponer un sustituto, aunque en caso de que no se pongan de acuerdo, los socialistas no descartarían postularse.
Y aunque públicamente JxCat niega que se plantee su sustitución, puertas adentro se barajan varios escenarios: el entorno de Borràs propone que la presidencia quede “vacante” como protesta, una posibilidad defendida por Quim Torra, mientras que desde el sector pragmático se opta por “ocupar todos los espacios” y reemplazarla con otro nombre, que saldría del grupo parlamentario, y ahí suena desde hace meses el de la alcaldesa de Vic (Barcelona), Anna Erra.
¿Borràs seguirá liderando JxCat?
Los estatutos de JxCat contemplan la suspensión de militancia o incluso la expulsión en caso de sentencia firme por corrupción, pero en el congreso del año pasado se introdujo una excepción para los casos de “lawfare” (persecución política que precisamente esgrime Borràs en este caso), en los que decide la comisión de garantías.
A las puertas de unas elecciones municipales, en JxCat de momento confían en que los recursos ante el Tribunal Supremo o el Tribunal Constitucional sirvan para revertir esta condena; pero el liderazgo de Borràs no es sólido internamente y podría abrirse la pugna entre familias del partido, especialmente por parte del sector pragmático.
