Barcelona, (EFE).- La Generalitat indemnizará con 40.400 euros a los familiares de Núria López, la cocinera asesinada por un preso que después se suicidó en el centro penitenciario de Mas d’Enric, en El Catllar (Tarragona), el 13 de marzo de 2024, en reconocimiento del daño causado.
El 30 de septiembre de 2024, cuatro primos de la trabajadora asesinada interpusieron una reclamación patrimonial ante el Departamento de Justicia y Calidad Democrática en la que solicitaban la cuantía de 1.700.000 euros por los daños y perjuicios ocasionados.
En su reclamación, los familiares consideraban que había habido una «negligencia» del servicio de vigilancia penitenciaria» por no haber tenido en cuenta los «antecedentes violentos» del recluso ni «las quejas de la víctima» sobre su comportamiento, por lo que imputaban a la administración el asesinato de la trabajadora.
La conselleria abrió entonces un procedimiento administrativo de responsabilidad patrimonial dirigido al reconocimiento del daño que han sufrido los familiares de la cocinera asesinada, a raíz del funcionamiento del servicio público penitenciario y de las «disfunciones detectadas», ha avanzado El País y ha confirmado la conselleria.
Hubo disfunciones en el funcionamiento de la prisión
En el marco de este procedimiento, y en reconocimiento de este daño que ha sufrido la familia de Núria, la Generalitat, en marzo de 2025, acordó la declaración del derecho de los familiares a ser indemnizados económicamente con una propuesta de resolución parcialmente estimatoria de 40.446,20 euros, en virtud de los «baremos y criterios que marca la jurisprudencia».
En el dictamen de resolución por el que se acuerda esta indemnización, el Departamento de Justicia admite una «relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio penitenciario y el daño», ya que considera que el funcionamiento de la administración penitenciaria «no se adecuó a los estándares de calidad que serían exigibles».
«Existieron disfunciones en el funcionamiento del centro, así como diversas cuestiones que serían susceptibles de mejora, que, sin ser la causa directa de los hechos, si no se hubiesen producido habrían podido determinar la adopción de medidas diferentes de las que se tomaron», señala el dictamen.
En este sentido, remarca que «concurren elementos que permiten calificar el funcionamiento del servicio público como defectuoso» o «anormal».
Entre esos «elementos», el dictamen cita una «dotación deficitaria» tanto del personal de vigilancia como de los dispositivos o mecanismos de videovigilancia o la «falta de rigor» en las actuaciones y evaluaciones del riesgo realizadas al interno, que «fueron incorrectas y deficitarias».
«Se permitió que el interno obtuviera puntuaciones que no se correspondían con su nivel de implicación y de participación en las actividades principales que constaban en su programa -de reinserción-» y no se aplicaron estrategias «encaminadas a motivar» al recluso, subraya la propuesta de resolución.
El trabajo del preso en la cocina no era adecuado
El dictamen asegura que el recluso cumplía con los requisitos objetivos y subjetivos previstos en la normativa penitenciaria para acceder a un puesto de trabajo retribuido, y que había mantenido un «buen comportamiento», con la excepción de un «único episodio de mala conducta y agresión» a otro interno.
Sin embargo, agrega que ese puesto de trabajo -en la cocina- era «inadecuado para una persona con antecedentes homicidas, con acceso libre a objetos potencialmente peligrosos para las personas si se utilizan con una intencionalidad diferente a la que inicialmente están destinados».
Tras el asesinato de la trabajadora de la prisión de Mas d’Enric, el juzgado incoó unas diligencias previas, tras las cuales se decretó el sobreseimiento provisional del caso y el posterior archivo.
En la interlocutoria de archivo de la causa no se determinó ninguna responsabilidad penal, más allá de la del preso que asesinó a Núria y que, posteriormente, se suicidó.
Asesinó a la cocina y se suicidó
El interno que mató a la cocinera cumplía una condena de 11 años de cárcel por el asesinato confeso a puñaladas de una mujer prostituida en 2016, y la privación de libertad expiraba en 2027. Desde el 2018, el preso realizaba labores comunitarias en la cocina de la prisión, en el marco del itinerario enfocado a la reinserción.
El asesinato ocurrió en las instalaciones de la cocina del recinto penitenciario, donde el preso mató a la cocinera con un arma blanca y luego se suicidó.
El personal de la prisión encontró primero en la cocina de la cárcel el cadáver del recluso y, cuando buscaban a la mujer para informarle del hallazgo, localizaron también su cuerpo.
Justicia afirma que desde el departamento se han adoptado varias medidas de seguridad y organizativas para prevenir que se pueda volver a producir un episodio como este: en septiembre del año pasado entró en vigor la circular 1/2024, por la cual se redefinían los criterios de distribución de tareas entre los internos y se impedía que los penados por delitos de extrema violencia puedan acceder a objetos peligrosos.
