Barcelona (EFE).- La Guardia Civil y la Urbana de Barcelona han puesto el foco en las tiendas ‘Grow Shops’ que venden productos con CBD, conocido como la «marihuana legal», con el objetivo de comprobar que no se convierten en un punto de distribución de drogas y que sus productos cumplen la normativa.
Así lo ha anunciado el delegado del Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto, en una rueda de prensa junto al teniente coronel de la Guardia Civil Jorge Raúl Sáez y el intendente de la Urbana Pedro José Jiménez, tras una redada del pasado 12 de junio en que inspeccionaron 17 del centenar de estos locales de Barcelona.
Según los datos del operativo, en ocho de los locales se comprobó que se cometían delitos contra la salud pública por la venta de marihuana, hachís, ketamina y semillas no autorizadas, mientras que en la mayoría de ellos también se impusieron 60 denuncias administrativas, entre otros motivos por falta de etiquetas sobre el origen de las sustancias.
Una «marihuana legal», pero con condiciones
En los últimos meses han proliferado varios locales denominados Grow Shops que venden productos comercializados con cannabidiol (CBD), conocido como «marihuana legal», ya que no tiene efectos psicoactivos.
De esta forma, la venta de estos productos con CBD es legal en España, siempre que se obtenga de cáñamo y tenga un contenido de tetrahidrocannabinol (THC), componente psicoativo de la planta, inferior al 0,3 %.
Si los productos comercializados tienen un porcentaje de CBD superior al 0,3 % se considera estupefaciente, lo que comporta responsabilidad penal.
Además, la venta de productos con CBD solo está autorizada si se etiqueta correctamente, sin incluir afirmaciones terapéuticas, y además los aceites y preparados con esta sustancia destinados a uso humano no están autorizados para su venta alimentaria.
Expedientes que podrían cerrar los locales
En el dispositivo del pasado 12 junio intervinieron 110 agentes de la Guardia Civil y 30 de la Urbana, que inspeccionaron 17 locales: en ocho de ellos se denunció penalmente a sus propietarios por tráfico de drogas, mientras que en total se incoaron 60 denuncias administrativas por distintas irregularidades, que en función de su gravedad podrían acarrear medio año de cierre del local.
En los registros se intervinieron 21 kilos de cogollos de marihuana, 880 cogollos, 500 flores de cannabis, 15 gramos de hachís, 1 gramo de cocaína, 4,5 gramos de ketamina, 19.300 semillas no autorizadas, 31 vapeadores y 38 objetos de ocultación, supuestamente para camuflar droga, así como una defensa extensible.
Respecto a las denuncias administrativas, fueron por contrabando, sanidad vegetal, irregularidades en la venta de semillas y productos fitosanitarios, impuestos, publicidad engañosa, seguridad alimentaria y consumo.
Además, se incautaron 2.249 productos con CBD, como vaporizadores, golosinas y cremas, que serán analizados para determinar si superan el porcentaje permitido.
«No existen las drogas blandas»
Prieto ha subrayado que el objetivo de los cuerpos policiales es inspeccionar la mayoría de estos locales y que estos operativos sean un «toque de atención», bajo la premisa de que «no existen las drogas blandas».
Según el delegado del Gobierno, a la hora de estrechar el cerco a estos locales pretenden evitar que se banalice el consumo de marihuana en España y luchar contra las adicciones, ya que su uso «recreativo» no es «inocuo», sino un problema de salud pública «muy grave».
Ha puesto como ejemplo el consumo de gominolas con derivados de la marihuana y con una «apariencia supuestamente inofensiva», ante lo que se han disparado las atenciones médicas por intoxicación, especialmente entre los jóvenes.
«No existen las drogas blandas. No podemos permitir que haya locales aparentemente legales que venden productos que no se pueden vender», ha agregado.
El objetivo, según Prieto, es inspeccionar todos los ‘grow-shops’ de Cataluña -recientemente se inspeccionaron una veintena de locales en Girona-, y dejarles claro que ante cualquier indicio de delito, serán perseguidos»: «Que no se sientan fuera de peligro si no se someten a la legalidad vigente».
Por ahora, los investigadores han determinado que la mayoría de dueños de estos locales actúan por su cuenta, sin formar parte de una trama organizada. EFE
