Barcelona (EFE).- La patronal mayoritaria de conductores de Vehículos de Transporte con Conductor (VTC), Unauto, ha advertido este martes de que conductores y empresas recurrirán de manera «masiva» la nueva ley de transporte que ultima la Generalitat y estima que las indemnizaciones al sector pueden alcanzar unos 80 millones de euros.
La legislación, que se espera que se haga pública en las próximas semanas, vetará los trayectos de los VTC en núcleos urbanos como Barcelona, y propondrá medidas como la precontratación de los trayectos con una antelación de seis horas y la prestación de un único servicio por hora, según las asociaciones del sector.
Unauto considera que esas restricciones ponen en jaque la supervivencia de su actividad y sostiene, en un comunicado remitido a EFE, que «abren la puerta a reclamaciones millonarias».
La patronal, que en los últimos meses ha participado en diversas protestas en las calles de la capital catalana para tratar de frenar los planes del Govern, asegura que las empresas se están preparando para recurrir la futura ley haciendo énfasis en los daños económicos y perjuicios que supone «dejar fuera del mapa metropolitano» a los vehículos VTC.
Impacto en el «bolsillo de los contribuyentes»
Atendiendo a las 2.500 autorizaciones de VTC que operan en Cataluña, Unauto calcula que las medidas tendrían un impacto superior a los 79 millones de euros: más de 65 millones por lucro cesante (pérdidas derivadas de la paralización de la actividad), más de 3 millones por daños emergentes (principalmente despidos), y 10 millones en costes empresariales (cierres e indemnizaciones), afectando directamente a más de 4.000 empleos.
El sector argumenta en contra de la «privación del derecho adquirido a desarrollar la actividad de transporte en núcleos urbanos», la «expropiación de las licencias» y la «restricción excesiva y discriminatoria» de sus operaciones.
El presidente ejecutivo de Unauto, José Manuel Berzal, ha afirmado que el volumen y la cuantía de las demandas representaría «un duro golpe contra las arcas públicas catalanas, con consecuencias directas sobre los ciudadanos».
«Hasta ahora los tribunales, a diferentes escalas, nos han dado la razón, por lo que seguiremos recurriendo a la justicia para no dejar pisotear nuestros derechos», ha agregado.
La patronal sostiene que las VTC generan 260 millones de euros para la economía catalana y proporcionan empleo a cerca de 6.000 personas, de manera directa e indirecta.
Existen 3.756 licencias de VTC domiciliadas en Cataluña, pero solo unas 2.500 operan «con normalidad», según la asociación, debido a «restricciones e inseguridad jurídica».
Falta de consenso
Unauto anticipa que el borrador de la ley se trasladará en los próximos días a la mesa del taxi, en la que la representación mayoritaria corre a cargo de la asociación profesional Élite Taxi, antes de que se abra un periodo de audiencia pública.
El sector de las VTC lamenta por su parte una «falta de consenso y transparencia» en el proceso de elaboración de la norma, ya que las reuniones mantenidas con la dirección general de Transportes de la Generalitat «han sido meramente informativas, sin opción de negociación», argumenta la patronal.
El sector del taxi actúa «en detrimento de la voluntad general de los catalanes», que pasa por «la convivencia entre los dos modelos de transporte», al impulsar una ley cuyo objetivo es «hacer desaparecer las VTC», sostiene Unauto.
