Barcelona (EFE).- El PSC, ERC y Comuns han impulsado una ley para reformar la administración pública y mejorar y agilizar la atención ciudadana, que incluye la prohibición de la cita previa obligatoria, el reconocimiento del derecho al error tanto de los ciudadanos como de los funcionarios o el uso de un lenguaje más claro y comprensible.
Esta proposición de ley, que recoge aportaciones de la Comisión de Expertos para la Transformación de la Administración (CETRA) que creó el Govern de Salvador Illa, será registrada esta semana por los grupos en el Parlament, han informado este miércoles el Govern y los partidos impulsores, que tienen mayoría parlamentaria y tramitarán por la vía exprés la iniciativa para que pueda ser aprobada antes de que termine el año.
En una rueda de prensa, el conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, acompañado del presidente de la CETRA, Carles Ramió, y del catedrático y coordinador de uno de los grupos de trabajo de la comisión Juli Ponce, ha remarcado que el reconocimiento del derecho al error ante la administración sitúa a Cataluña en la «vanguardia» de la regulación de este derecho, que ya está contemplado en la legislación francesa.
Derecho al error
Con el objetivo de que la administración sea más ágil y confiable, la reforma introduce el reconocimiento del derecho al error ante la administración, tanto para que los ciudadanos puedan rectificar los errores si no han sido cometidos con mala fe y puedan seguir sus trámites sin quedar excluidos o empezar de cero, como para que los funcionarios no sean sancionados si su equivocación no es fruto del «dolo, culpa o negligencia grave».
Asimismo, se reconoce el derecho a las personas a no ser perjudicadas por fallos administrativos, para impedir que la administración pueda reclamar prestaciones esenciales de subsistencia otorgadas por error.
«No hay derecho a que cuando la administración se equivoque persiga al ciudadano víctima del error», ha remarcado Dalmau, que también ha destacado la importancia de que los ciudadanos puedan rectificar errores cometidos sin mala fe en sus trámites y no «condenarlos» a empezar de cero o a quedar excluido de ellos.
En la misma línea, Ponce ha remarcado que el derecho a rectificar los errores en el caso de los funcionarios busca combatir la «burocracia defensiva», es decir, «el miedo a firmar, el miedo de un servidor público que, tomando una decisión sin negligencia grave ni dolo, se vea involucrado en algún problema de tipo penal».
En este sentido, la reforma plantea que el funcionario no sea sancionado si ha cometido un error de forma no fraudulenta.
Fin de la cita previa y administración clara y proactiva
Además, la reforma elimina por ley la obligatoriedad de la cita previa obligatoria en los servicios presenciales que prestan todas las administraciones públicas de Cataluña, con el objetivo de garantizar una atención adecuada y los derechos de colectivos vulnerables y afectados por la brecha digital.
De este modo, la cita previa solo podría ser una medida más para mejorar la atención de las personas, pero nunca un requisito: «Fue una forma organizativa ante una emergencia sanitaria. No puede ser que la emergencia haya desaparecido y se haya quedado la cita previa como una comodidad para la administración y una incomodidad para el ciudadano», ha remarcado Dalmau.
El texto también incluye la prestación de servicios proactivos y personalizados para que la administración, usando los datos de los que dispone y con el consentimiento del ciudadano, pueda sugerir de forma anticipada trámites y servicios en atención a las situaciones y necesidades de vida de las personas.
«La vida de la gente ya es suficientemente complicada, nuestra obligación es que la relación con la administración sea fácil. Queremos una administración fácil, que trate a las personas de forma adulta y con confianza», ha remarcado Dalmau.
En la línea de acercar la administración, también se incorporan cambios para garantizar una comunicación más clara con la ciudadanía para acabar con las barreras del lenguaje excesivamente técnico o jurídico.
