Esperanza Casteleiro Llamazares en una imagen de archivo. EFE/ Kiko Huesca

La directora del CNI y su predecesora niegan que el abogado de Junqueras fuera espiado

Barcelona (EFE).- La directora del CNI, Esperanza Casteleiro, y su predecesora en el cargo Paz Esteban han negado este jueves ante la jueza que el CNI espiara en 2020 a Andreu Van den Eynde, abogado de Oriol Junqueras, de acuerdo con la información desclasificada por el Consejo de Ministros.

Según han informado fuentes jurídicas, Casteleiro, como testigo, y Esteban, en calidad de investigada, han comparecido hoy por videoconferencia ante la jueza de instrucción número 24 de Barcelona, que indaga las querellas de Van den Eynde y del exeurodiputado Jordi Solé por el espionaje a sus móviles con el software Pegasus.

Esta es la tercera vez que Esteban, que fue destituida a raíz del escándalo por el espionaje masivo al independentismo con Pegasus, declara como imputada por los ataques a móviles con ese software malicioso. De momento, está siendo investigada en cinco causas.

Información secreta

Esteban y Casteleiro estaban citadas para dar explicaciones sobre los ataques con Pegasus que sufrió el móvil de Van den Eynde el 13 de mayo de 2020, cuando en plena pandemia mantenía una reunión por videoconferencia para coordinarse con el resto de defensas de la causa de procés, y el teléfono de Jordi Solé, que tiene rastro de tres ataques, en junio de ese mismo año.

Ambos aportaron a la causa una pericial informática que confirmaba los ataques a sus móviles que ya apuntaba el estudio llevado a cabo por el laboratorio canadiense Citizen Lab, que detectó infecciones con Pegasus a los móviles de más de 60 independentistas.

La jueza pidió entonces al Consejo de Ministros que desclasificara la información secreta relativa al supuesto espionaje denunciado a Van den Eynde y Solé, a lo que el Gobierno contestó que no se había llevado a cabo ninguna «actuación» sobre ellos y autorizó a la responsable del CNI y a su predecesora a declarar ante la jueza, únicamente en esos términos.

Casteleiro y Esteban se han ceñido hoy a la autorización expresa del Gobierno y han insistido en que no hubo «actuaciones» del CNI sobre los querellantes, mientras han evitado cualquier otra pregunta relativa al uso de Pegasus amparándose en que se trata de información reservada por la ley que regula a los servicios secretos.

Un informe de Amnistía Internacional


Los querellantes han aportado al juzgado un informe del Gobierno que, a requerimiento de Amnistía Internacional en base a la ley de transparencia, sostiene que ningún cuerpo ni fuerza de seguridad de España cuenta con Pegasus, un software que la empresa israelí NSO comercializa, en principio, solo a Estados.

Los abogados de la acusación han preguntado a Esteban si sabía de la existencia de ese informe, a lo que la exdirectora del CNI ha contestado que sí, y si conoce el informe pericial que detectó Pegasus en los móviles de Van den Eynde y Solé, lo que ha respondido también afirmativamente, sin más explicaciones.

En un comunicado, la entidad pro derechos humanos Iridia, que ejerce la representación jurídica de Van den Eynde en este procedimiento a través del abogado Brian Ventura, ha denunciado que tanto Esteban como Casteleiro «continúan sin dar explicaciones» en sede judicial sobre «uno de los casos de espionaje con Pegasus más grandes de Europa».

Imagen de archivo de la presidenta del CNI, Esperanza Casteleiro
Imagen de archivo de la presidenta del CNI, Esperanza Casteleiro, EFE/ Fernando Alvarado

En este sentido, Iridia lamenta que la directora del CNI y su predecesora se amparen «en un marco legal restrictivo que no garantiza las salvaguardas mínimas exigidas por los estándares internacionales».

Iridia ha mostrado su preocupación ante lo que considera una «falta de garantías de no repetición» y un marco legal «obsoleto», con un control judicial previo del CNI que ven «insuficiente e inadecuado», que se «agrava» con la aplicación de la Ley de Secretos Oficiales, de 1968.

Por este motivo, insiste en que la desclasificación de los la información secreta sobre este tipo de casos es «imprescindible» para avanzar en la investigación, depurar responsabilidades y garantizar la reparación de las personas afectadas. EFE