Rossi García Ávila |
Barcelona (EFE).- La amnistía cumplirá en 2026 dos años tras haber beneficiado al grueso de independentistas encausados pero no así a los líderes políticos del procés, entre ellos el expresident Carles Puigdemont, pendiente de que el Constitucional decida antes del verano si le aplica la ley y abre la puerta a su regreso.
El goteo de archivos de causas vinculadas al procés, principalmente de manifestantes y policías imputados, ha marcado la actualidad judicial en Cataluña en 2025, el año que sentó en el banquillo al expresidente catalán Jordi Pujol y a su familia, tras más de una década de investigación, y sacudió la lucha contra la violencia sexual con la absolución del futbolista Dani Alves.
La amnistía, ante un año clave
El pasado mes de junio un Tribunal Constitucional dividido avalaba la ley de amnistía, primer paso pero no suficiente para desencallar su aplicación en el caso de Puigdemont -con una orden de detención todavía vigente por el procés- así como del presidente de ERC, Oriol Junqueras, y el secretario general de Junts, Jordi Turull, que siguen inhabilitados.
El Supremo se ha reafirmado este año en su decisión de no aplicar la amnistía al delito de malversación que pesa sobre los líderes del procés, quienes han recurrido ante el Constitucional con la esperanza de que desbloquee la situación y les permita beneficiarse de la ley, una resolución que el tribunal prevé dictar antes del verano.
De estimar su recurso de amparo, el Tribunal Constitucional despejará el camino para el regreso de Puigdemont tras más de ocho años huido de la justicia española. Un proceso en el que será crucial el dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que debe decidir en los próximos meses si amnistiar la malversación y el terrorismo contraviene la normativa comunitaria.
De la decisión de la justicia europea sobre la amnistía depende el futuro de la causa abierta en el Tribunal de Cuentas por los gastos del procés -que afecta a Puigdemont, Junqueras y el expresident Artur Mas, entre otros-, así como el proceso contra los CDR acusados de terrorismo.
También miran de reojo los movimientos del TJUE los republicanos Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, responsables de la organización del 1-O a los que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) dejó en suspenso la aplicación de la amnistía.
Por el contrario, sí han logrado el perdón los 35 cargos del Govern de Puigdemont procesados por la logística de la votación.
Los Pujol, en el banquillo
Once años después de confesar por comunicado la fortuna familiar oculta durante décadas en Andorra, un nonagenario Jordi Pujol se ha enfrentado este año a su juicio por presunta corrupción, recién salido del hospital por una grave neumonía y con un informe forense que concluye que no está en condiciones de ser juzgado.
Pese a los dictámenes médicos que señalan su deterioro cognitivo, la Audiencia Nacional ha resuelto que siga en el juicio, junto a sus siete hijos y una decena de empresarios acusados de pagar comisiones a la familia, aunque prevé revisar su decisión en función de cómo evolucione su salud en los próximos meses.
El tribunal podría examinar de nuevo al expresidente antes de que llegue su turno para declarar, previsto para el próximo mes de abril. El juicio concluirá en mayo después de 41 sesiones y un desfile de más de 250 testigos, entre ellos el comisario jubilado José Manuel Villarejo, en una vista donde sobrevuela la guerra sucia contra el procés.
Dani Alves, absuelto
Firmada por el pleno de la sala de apelaciones del TSJC, la sentencia que el pasado mes de marzo absolvió al exjugador del Barça Dani Alves de la violación denunciada por una joven en la discoteca Sutton de Barcelona -por la que había sido condenado a cuatro años y medio de cárcel- encendió el debate público sobre la respuesta penal a la violencia sexual, años después de que lo hiciera la sentencia de ‘La manada’.
La primera sentencia mediática dictada bajo el paradigma de la ley del «solo sí es sí», que concluía que el testimonio de la víctima no era «fiable», dio pie a una avalancha de críticas y motivó que la cúpula de la judicatura saliera en defensa de la independencia judicial.
La Fiscalía ha recurrido el fallo ante el Supremo, que ahora debe decidir si avala la absolución del futbolista, tras reprochar a la sala que condenara «moralmente» a la víctima, acusándola de mentir.
La ley de eutanasia, en los tribunales
El pasado mes de marzo, un caso de eutanasia llegaba a juicio por primera vez en España: se trata de Noelia, una joven de 24 años con paraplejía cuya muerte asistida fue suspendida in extremis en agosto de 2024, después de que su padre recurriera a los tribunales, representado por el colectivo ultracatólico Abogados Cristianos.
La jueza, de acuerdo con el criterio de la Fiscalía, avaló su muerte asistida, pero más de un año después la joven sigue esperando que la justicia dé luz verde a su eutanasia, a la espera de los recursos que su padre ha presentado.
A raíz de otro caso juzgado en Cataluña, la eutanasia de un hombre de 54 años también paralizada a última hora por un recurso, el Tribunal Supremo deberá fijar jurisprudencia sobre si unos padres están legitimados a frenar en los tribunales la muerte asistida de un hijo mayor de edad, en plenas facultades.
Vuelco al caso Jubany, 24 años después
Cuando se cumplen 24 años del asesinato de la bibliotecaria de Sabadell (Barcelona) Helena Jubany, arrojada al vacío desde una azotea desnuda y semiinconsciente, los análisis biológicos -basados en técnicas desconocidas a principios de siglo- han llevado a prisión a Santiago L.P., principal sospechoso del crimen que fue exculpado en su día por falta de pruebas.
La perseverancia de la familia de Jubany por reabrir la investigación e impedir que el crimen quedara impune ha dado sus frutos: el hallazgo de restos de ADN compatibles con Santiago L.P. en el jersey que llevaba Jubany cuando fue asesinada ha supuesto un vuelco del caso, cuando ya bordeaba la prescripción.
Los equipos de última generación de los Mossos d’Esquadra han arrojado luz sobre otro crimen de 2007 que estaba sin resolver, el asesinato de la dependienta de una zapatería de Sabadell en 2007. La jueza ya ha retirado el pasaporte al único investigado, tras vincularle con restos hallados en la ropa de la víctima.
