La activista de la izquierda independentista Blanca Serra (c), que denunció haber sido torturada en 1977 en la comisaría de la Via Laietana de Barcelona, en una imagen de archivo. EFE/ Quique García

La Fiscalía ve por primera vez delito de torturas en una detención de la policía franquista

Barcelona (EFE).- La Fiscalía de Barcelona ha concluido que la activista independentista Blanca Serra fue víctima de torturas por la policía franquista durante su detención en 1977, tras su primera investigación penal por crímenes de la dictadura, pero plantea el archivo del caso al no haber podido identificar a los autores de los hechos.

El ministerio público, según ha informado en un comunicado, concluye que los maltratos a Blanca Serra constituyen un «delito de torturas «perpetradas en el contexto de crímenes contra la humanidad», tras concluir la primera investigación penal que ha abierto en España por las torturas de la policía franquista, en virtud de la ley de memoria democrática de 2022.

No obstante, la Fiscalía atribuye a la denunciante la condición de «víctima del franquismo» y deja abierta la puerta a «otras acciones judiciales» para lograr una reparación por las torturas sufridas, en concreto a través de la vía civil.

El escollo de la amnistía del 77

Hasta ahora, las denuncias que víctimas de los crímenes del franquismo han presentado ante los tribunales se han topado con el mismo escollo: los tribunales han dado carpetazo a las denuncias con el argumento de que los hechos están prescritos y que ley de amnistía de 1977 impide investigarlas.

Blanca Serra, si embargo, presentó directamente ante la Fiscalía una denuncia en la que mantenía que había sido torturada junto a su hermana Eva, ya fallecida, las cuatro ocasiones en que fue detenida durante la Transición: en febrero de 1977 -antes de las primeras elecciones generales y la aprobación de la ley de amnistía- y en 1980, 1981 y 1982, ya en democracia.

La Fiscalía, por primera vez en España, decidió abrir una investigación penal sobre esa denuncia, al entender que la ley de memoria democrática de 2022 obliga a hacerlo, para «garantizar a las víctimas sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación», aunque su objetivo último no fuera la «persecución penal» de los autores.

Tras su investigación, llevada a cabo en coordinación con la Unidad de Derechos Humanos y Memoria Democrática de la Fiscalía General del Estado, el ministerio público ha concluido que los hechos relatados por Serra constituyen un delito de torturas perpetradas por la Brigada Político Social.

La activista de la izquierda independentista Blanca Serra (c) en una imagen de archivo. EFE/ Quique García

Primera víctima del franquismo

Los policías franquistas, sostiene la Fiscalía, «detuvieron a la denunciante y a su hermana por el único motivo de su actividad política de oposición a la dictadura y le infligieron violencia física y psíquica con el fin de obtener información y conseguir una confesión», con lo que, añade el escrito, le causaron «secuelas de tipo traumático».

Además, los hechos se perpetraron, según el ministerio público, «en el contexto de la persecución y represión política instaurada por el franquismo y en el marco de un régimen institucionalizado de opresión sistemática y generalizada».

En el marco de la investigación, la Fiscalía ha tomado declaraciones a testigos y ha practicado pruebas periciales y documentales, aunque ello no ha permitido «revelar la identidad de los autores materiales del delito».

Archivo provisional del caso

Por ese motivo, ha presentado una denuncia en el juzgado en el pide el archivo de la causa por falta de autor conocido, aunque plantea su sobreseimiento provisional, lo que permitiría la reapertura del proceso si en un futuro se conocieran nuevos datos para identificar a los responsables del delito.

La fiscal de Memoria Democrática de Barcelona, Sara Gómez, ha citado esta mañana a Blanca Serra para comunicarle personalmente el resultado de la investigación, en una reunión en la sede del ministerio público que se ha prolongado dos horas. EFE