Roger Mateos |
Barcelona (EFE).- «Había llegado un momento en que Cataluña tenía que dar un salto adelante desde el punto de vista de su autogobierno, como mínimo lo tenía que intentar»: así se expresó en 2009 Artur Mas, entonces líder de CiU, para justificar la reforma del viejo Estatuto de 1979, cuando todo el mundo ya daba por hecho que iba a ser recortada por el Tribunal Constitucional (TC).
La reforma del Estatut había ido perdiendo adhesiones por el camino: en septiembre de 2005, el Parlament aprobó una propuesta con el apoyo de todos los grupos salvo el PP; en enero de 2006, Mas pactó con el entonces presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero un texto más asumible para el PSOE, pero del que se acabó desmarcando ERC; en 2010, el TC recortó algunos preceptos clave y desencadenó un movimiento de protesta que derivó en el ‘procés’.
Justo cuando se cumplen veinte años del referéndum del 18 de junio de 2006, que validó el Estatut posteriormente recortado por el TC, ¿cuáles son las claves de aquella convulsa operación para actualizar el autogobierno catalán y qué conclusiones sacan sus protagonistas?
De la euforia de 2005 a la frustración de 2010
Posando sonrientes frente al cuadro titulado «7 de novembre», de Antoni Tàpies, colgado en uno de los salones del Parlament, Mas y el entonces presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, mostraron sus pulgares hacia arriba para escenificar su acuerdo sobre la propuesta de Estatut, avalada el 30 de septiembre de 2005 por todos los grupos parlamentarios -CiU, PSC, ERC e ICV-EUiA- salvo el PP.
Aquel texto estatutario llegó entonces al Congreso, donde inició una tramitación no exenta de tensiones, en la que el PSOE quería enmendar conceptos como la definición de Cataluña como nación o el nuevo sistema de financiación, cercano al concierto económico.
Aquella maniobra desconcertó al gobierno tripartito que presidía Maragall e indignó a ERC, que no aceptó esas «rebajas».
Con ERC y PP haciendo campaña en contra por razones opuestas, el Estatut vio la luz en el referéndum del 18 de junio de 2006.
Recibió cerca de un 74 % de votos a favor, 20 % en contra y una participación inferior al 50 % del electorado.
La frustración en las filas soberanistas fue aún mayor cuando, el 28 de junio de 2010, el TC emitió una sentencia que anulaba el deber de conocer la lengua catalana, limitaba competencias y dejaba sin eficacia jurídica la definición de Cataluña como nación, unos recortes que derivaron en manifestaciones multitudinarias y, a partir de 2012, en el inicio del proceso independentista.
Las conclusiones de los ‘padres’ del Estatut
«El Estatut de 2006 era un intento de situar a Cataluña en el máximo nivel de autogobierno que la Constitución, leída de forma flexible, permitía. La sentencia del TC supuso la ruptura del pacto constitucional e hizo que Cataluña sea la única comunidad con un Estatuto diferente del que votó la ciudadanía», señala a EFE Jaume Bosch, exdiputado de ICV-EUiA y uno de los ‘padres’ del Estatut.
Bosch considera que «esto solo se puede arreglar haciendo que la ciudadanía vuelva a votar cuando las circunstancias lo permitan».
Joan Ridao, exportavoz parlamentario de ERC y otro de los ponentes del Estatut, asegura a EFE que «si la sentencia del TC de 2010 fijó, al margen de la voluntad popular, unos nuevos límites al Estado autonómico», veinte años más tarde «hemos ido hacia atrás».
«Asistimos a una creciente administrativitzación de la autonomía», alerta.
Lídia Santos, exdiputada del PSC y a quien cabe atribuir también la ‘maternidad’ del Estatut, matiza en declaraciones a EFE que el texto que quedó tras la sentencia del TC sigue siendo «una herramienta importantísima para hacer política» y lamenta que los nacionalistas prefirieran «lamerse las heridas» antes que «aprovechar» las potencialidades del Estatut.
En lugar de «tanta gesticulación innecesaria», Santos habría preferido mayor «pragmatismo», ya que desplegar a fondo el autogobierno habría sido más fructífero que emprender un proceso independentista que hizo «perder diez años» a Cataluña. EFE
