Barcelona (EFE).- La Fiscalía ha pedido al Tribunal de Cuentas (TCU) que amnistíe de forma urgente a los encausados por los gastos del procés, entre ellos el expresident Carles Puigdemont, al considerar «improcedente» que se plantee la posibilidad de no aplicarles la ley tras la sentencia de la justicia europea.
La Fiscalía ha respondido, en cuestión de 24 horas, a la petición que el Tribunal de Cuentas hizo ayer a acusaciones y defensas para que se pronuncien sobre la «posibilidad» de no amnistiar los gastos del procés, si se prueba que se sufragaron con fondos de la Unión Europea.
En una providencia, la consejera del Tribunal de Cuentas Elena Herráiz dio ayer un plazo de diez días a las partes para que se pronunciaran sobre la amnistía del caso, argumentando que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha avalado el perdón de los delitos de malversación, pero siempre que no se hubieran utilizado fondos procedentes del presupuesto comunitario.
Para la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, el trámite de alegaciones es «improcedente e innecesario», teniendo en cuenta que tanto el TJUE como el Abogado General de la UE «descartan que se hayan utilizado fondos comunitarios» en el 1-O y en la promoción exterior del procés.
«No hubo uso indebido de fondos comunitarios»
Según el ministerio público, el propio auto en el que el Tribunal de Cuentas acordó elevar cuestiones prejudiciales a la justicia europea «no contenía ningún elemento que pudiera sostener el uso indebido de fondos comunitarios».
En ese sentido, el escrito recuerda que «en ningún momento, salvo una vez aprobada la ley de amnistía, se ha puesto en cuestión que las investigaciones de los gastos indebidos objeto de este procedimiento tengan otra procedencia distinta de la Generalitat de Cataluña, y ello a pesar de las investigaciones de la Sala Segunda del Tribunal Supremo como del propio Tribunal de Cuentas».
La Fiscalía esgrime la sentencia del procés, que «no contiene referencia alguna a la posible procedencia comunitaria de los bienes malversados», como tampoco el informe de fiscalización que ha dado pie a la causa del Tribunal de Cuentas ni las actas de liquidación del procedimiento de responsabilidad contable.
Causa suspendida
Para el ministerio público, dar traslado a las partes para que se pronuncien sobre la amnistía es además «improcedente», porque el Tribunal de Cuentas debería ceñirse al trámite previsto en la Ley de Amnistía, que obliga a archivar los proceso de responsabilidad contable previa audiencia de la Fiscalía y de las entidades públicas afectadas, cuando estas no se haya opuesto.
«En definitiva, lo que procede es seguir los trámites previstos en dicha ley con observancia de lo previsto en su artículo 10 sobre la tramitación preferente y urgente», concluye la Fiscalía, que insta además al Tribunal de Cuentas a resolver sobre las medidas cautelares fijadas en el proceso una vez resueltas las cuestiones prejudiciales que motivaron su suspensión.
La causa, que quedó suspendida a raíz de la presentación de las cuestiones prejudiciales ante la justicia europea, afecta a una treintena de ex cargos del Govern, a quienes la Fiscalía reclama 3,4 millones de euros por los gastos del procés y que tienen depositadas fianzas millonarias para garantizar su responsabilidad contable.
Además de la Fiscalía, que en su día se opuso a que el Tribunal de Cuentas consultara a la justicia europea sobre la amnistía, en la causa por la responsabilidad contable de los gastos del procés está personada como acusación la entidad antiindependentista Sociedad Civil Catalana (SCC). EFE
