Barcelona (EFE).- Un juzgado de Barcelona ha amnistiado a los cinco miembros de la Sindicatura Electoral del 1-O, entre ellos la exconsellera y actual diputada de ERC Tània Verge, quienes estaban pendientes de juicio por desobediencia y usurpación de funciones por su papel en el referéndum independentista.
En una resolución, avanzada por El Nacional y a la que ha tenido acceso EFE, la plaza 11 de la sección penal de los juzgados de Barcelona ha archivado la causa contra los síndicos -quienes fueron absueltos inicialmente aunque la Audiencia Provincial ordenó repetir su juicio-, cuando han transcurrido más de dos años de la aprobación de la ley de amnistía.
Durante ese tiempo, la causa ha ido cambiando de manos entre distintas instancias judiciales por discusiones de competencias y el aforamiento que afectaba a dos de los procesados: la exconsellera y el diputado de Junts en el Congreso Josep Pagès. Junto a ellos, esperaban la amnistía el catedrático Jordi Mas y los abogados Marta Alsina y Marc Marsal.
Los síndicos, que el Parlament nombró el 7 de septiembre de 2017 para que operaran como una suerte de Junta Electoral del 1-O, fueron juzgados en el año 2021 y posteriormente absueltos por una jueza de lo penal de Barcelona, que estimó que no estaba probado que siguieran ejerciendo después de que el Tribunal Constitucional les advirtiera de su deber de impedir el referéndum.
Dos años y nueve meses de cárcel
De hecho, cesaron en sus cargos a los 19 días de su nombramiento, después de que el Tribunal Constitucional les impusiera una multa coercitiva de 12.000 euros diarios a cada uno.
La Fiscalía, que pedía dos años y nueve meses de cárcel para cada uno de los síndicos, recurrió su absolución ante la Audiencia de Barcelona, que anuló el fallo y ordenó repetir el juicio en 2022. No llegó a celebrarse, por discusiones en torno a la competencia, hasta que en 2024 se aprobó la ley de amnistía.
En su auto, la jueza Núria Bru se declara competente para resolver sobre la amnistía de los síndicos y recuerda que, de acuerdo con la ley, «concurre el presupuesto temporal para su aplicación inmediata».
La magistrada razona asimismo que los síndicos están encausados por su «designación y actuación» como tales entre septiembre y octubre de 2017, lo que sitúa su actuación «plenamente dentro del marco temporal fijado por la ley y en relación directa con la preparación de la consulta».
En opinión de la jueza, los delitos que se atribuyen a los síndicos se integran también en los supuestos de la amnistía, que prevé el perdón para quienes promovieran o participaran en las consultas independentistas y los que desobedecieran los requerimientos del Tribunal Constitucional.
