Santa Cruz de Tenerife (EFE).- Los grupos que apoyan al Gobierno de Canarias (CC, PP, ASG y AHI) han defendido este lunes que el proyecto de Ley Canaria de Ciencia pone el foco en el desarrollo de una inteligencia artificial (IA) «ética y responsable» y en la retención del talento investigador mediante medidas para reducir la burocracia y favorecer la carrera científica.
Así lo ha explicado en rueda de prensa la diputada de Coalición Canaria Cristina Calero, acompañada por representantes del PP, Agrupación Socialista Gomera y Agrupación Herreña Independiente, quienes han presentado las principales enmiendas incorporadas al texto durante su tramitación parlamentaria, que culminará el próximo miércoles cuando el pleno someterá a votación la ley.
Calero ha señalado que la norma parte de la idea de que la ciencia debe convertirse en una «palanca de cambio» para Canarias, teniendo en cuenta las distintas necesidades y potencialidades de cada isla, y ha destacado que uno de sus ejes es establecer principios para el uso de la inteligencia artificial con las personas «en el centro» y no la tecnología.
Según ha indicado, el proyecto adapta el desarrollo de la IA a los principios del reglamento europeo, con medidas como la supervisión humana, la transparencia, la evaluación previa de riesgos y la auditabilidad de los sistemas, especialmente cuando sean utilizados por las administraciones públicas.
Otro de los pilares de la ley será la gestión del talento investigador, ha apuntado.
En este sentido, Calero ha explicado que el texto incorpora el denominado Pasaporte Científico Canario, una herramienta digital que recogerá la trayectoria académica, profesional e investigadora de cada científico para evitar que tenga que aportar reiteradamente la misma documentación en convocatorias de ayudas o procesos de selección.
«Queremos investigadores investigando y no detrás de papeles», ha resumido la diputada, quien ha defendido la simplificación administrativa para agilizar convocatorias y reducir cargas burocráticas.
La parlamentaria también ha destacado que la futura norma reconoce a la Universidad de La Laguna y a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria como agentes singulares de generación de conocimiento y contempla la creación de «antenas universitarias» para extender la actividad investigadora y formativa a las islas no capitalinas.
Asimismo, el proyecto permitirá que las universidades públicas puedan destinar remanentes de tesorería a financiar infraestructuras científicas, equipamiento o programas propios de investigación, previa autorización del Gobierno de Canarias, una demanda planteada por las propias instituciones académicas.
La ley incorpora además el reconocimiento de estructuras de excelencia investigadora, impulsa los doctorados industriales para estrechar la colaboración entre universidades y empresas e incluye medidas para compensar los sobrecostes derivados de la insularidad y la fragmentación territorial.
La diputada ha asegurado que el proyecto ha sido ampliamente debatido durante su tramitación y ha defendido el consenso alcanzado entre los grupos que sustentan al Ejecutivo para incorporar las demandas trasladadas por el sector de la investigación, el desarrollo y la innovación.
Preguntados por la postura de las universidades públicas canarias, que hace unos días se quejaron, entre otros asuntos, de la visión especialmente economicista de la ley, la diputada del grupo Nacionalista ha esgrimido que la norma recoge el valor «per se» de la ciencia.
«El borrador no contenía todos los sectores de investigación y ahora sí. Se ha recogido explícitamente que aquellos sectores que queden fuera de la estrategia específica de investigación puedan ser complementados para que no queden fuera de ninguna convocatoria», ha respondido Calero.
Las universidades habían lamentado que en el texto legal la ciencia apareciese «justificada casi exclusivamente por su contribución a la productividad, la competitividad o el crecimiento económico».
También lamentaban las entidades académicas, en una crítica compartida por los principales grupos de la oposición, el «escaso peso» de las universidades públicas canarias en el consejo asesor que plantea la ley, que durante la tramitación pasó de un asiento a dos para cada una. EFE
