Juliana Leao-Coelho
Madrid, 12 mar (EFE).- El Estado español, pese a comprometer 330 millones de euros para los realojos en la Cañada Real Galiana de Madrid, está “desacatando” la petición del Consejo de Europa de tomar “medidas inmediatas” para restablecer la electricidad a la población de los sectores 5 y 6 de ese asentamiento -unas 4.000 personas, entre ellas 1.800 niños-, que sufren cortes de luz desde octubre de 2020.
Así lo han asegurado cinco organizaciones internacionales, que consideran que España, al no restablecer el suministro eléctrico, está incumpliendo sus obligaciones como miembro de la Carta Social Europea.
Casi tres meses después de que acabó el plazo que el Consejo de Europa, con sede en Estrasburgo (Francia), dio a España para actuar tras ser demandada por esas organizaciones, “nada se ha hecho” para proporcionar luz y calefacción a la población vulnerable (niños, mayores y personas con discapacidad), según asociaciones vecinales madrileñas, que además han cuestionado los argumentos de la compañía Naturgy para no restablecer el suministro, durante una jornada sobre la Cañada en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).
Las “medidas inmediatas” indicadas por el Comité Europeo de Derechos Sociales en su resolución “serían una especie de medidas cautelares que no han sido acatadas en absoluto por parte de España”, según Javier Rubio, abogado de la Asociación Tabadol.
“Hay una actuación de obstrucción por parte de España a la justicia europea de derechos humanos. Es una vulneración muy grave, en pleno siglo XXI, que la región más rica del país lleve dos años y medio sin dar luz a población vulnerable que había disfrutado de ello desde hace treinta años”, explica a EFE Rubio.
“Europa está dando la razón a los vecinos de la Cañada y las administraciones públicas están desobedeciendo este mandato” del comité, que vigila el cumplimiento de la Carta Social Europea por los Estados miembros, asevera el letrado.
330 MILLONES PARA REALOJOS EN UN PLAZO DE OCHO AÑOS
La Abogacía del Estado, en su respuesta al Consejo en diciembre, afirmaba que “en breve se comprometerá por las tres Administraciones (Estado, Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de Madrid) un importe de 330 millones de euros”, de inversión conjunta “en un plazo de 8 años para el realojo de hasta 1.631 familias”, empezando por las del sector 6, el más afectado.
Se trata del Plan Extraordinario de Realojos 2022-2030, cuyo protocolo de actuación ultiman el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana; la Consejería de Medio Ambiente y Vivienda de la Comunidad de Madrid, la Delegación del Gobierno y los ayuntamientos de Madrid y Rivas.
Este plan, que “deberá plasmarse en convenios bilaterales”, constituye “la muestra del compromiso de España y de su administración pública” con la Cañada, según el Gobierno, que además ha transferido 5 millones a los ayuntamientos de Madrid y Rivas, e incluido una partida de 8,3 millones en los presupuestos del Estado para 2023.
Entretanto, la Comunidad ha realojado a 143 familias del sector 6 tras un convenio con el Ayuntamiento de la capital de 18 millones de euros, y tiene dos en ejecución: uno de 34 millones para 160 familias del entorno de Valdemingómez, y otro de 1,6 millones con el Consistorio de Rivas para realojar a 15 familias.
Para las asociaciones, sin embargo, el ritmo de realojos “va muy lento” y la situación es de “emergencia humanitaria” en el sector 6, ante “la pasividad de las administraciones”, según Houda Akrikez, de la plataforma cívica Por el derecho a la luz en la Cañada.
El informe del Estado señala que en el sector 5 los cortes de energía “dejaron de producirse desde finales de 2020-principios de 2021”, salvo en “situaciones ocasionales de interrupción del suministro por sobrecarga puntuales”, por lo que este sector “debe quedar fuera de la medida inmediata solicitada”.
Los vecinos, sin embargo, aseguran que en el sector 5 hay luz “un día sí y uno no”, mientras que en el sector 6 lleva interrumpida desde octubre 2020.
VULNERACIÓN DE DERECHOS
El impacto del corte de luz en la salud, la educación, el empleo y las condiciones de vida de los vecinos de la Cañada supone “la violación de derechos más grave extendida en el tiempo” que ha habido en la España democrática, sostuvo el profesor Ignacio Campoy durante la jornada celebrada el 2 de marzo en la UNED.
La situación de la Cañada es “un fracaso de la política. En Madrid no gobiernan los políticos, sino las grandes empresas y en particular las grandes constructoras”, afirmó el profesor de la UNED Alejandro Inurrieta, para quien la solución sería que la Comunidad y los ayuntamientos de Rivas y Madrid cedan el suelo a los vecinos mediante escrituras de propiedad, que se urbanice y se dote de servicios la zona.
