Madrid (EFE).- Tras casi 20 años de adversidades, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no desiste del proyecto de la Ciudad de la Justicia y hará un nuevo planteamiento para gestionarlo de manera directa, con la previsión de que empiece a ver la luz con las primeras instalaciones a finales de 2026.
Después de problemas en las adjudicaciones del proyecto para agrupar todos los órganos judiciales dispersos por la región en la zona de Valdebebas de la capital, la solución que han visto desde el Gobierno de la Comunidad es gestionar de manera directa la Ciudad de la Justicia, a través de la licitación del contrato de proyecto y obra, asumiendo el coste, que se incluirá en los presupuestos regionales de 2024.
Intentos fallidos
En dos ocasiones, la Comunidad de Madrid declaró desierta la licitación de la construcción, conservación y explotación de un proyecto, un viejo anhelo del PP que ya en la etapa de Esperanza Aguirre como presidenta regional, en 2004, impulsó la creación de un macrocomplejo urbanístico, que llegó a pasar por los tribunales , y en el que se llegaron a invertir 91,7 millones de euros y sólo se levantó un edificio: el Instituto de Medicina Legal.
Díaz Ayuso replanteó el proyecto de Aguirre, que heredó Ignacio González pero rechazó Cristina Cifuentes, y que generó un largo proceso judicial hasta 2020, cuando el Tribunal Supremo avaló que la actual presidenta madrileña planteara su propia Ciudad de la Justicia.
En noviembre de 2022 quedó desierta la licitación del contrato de concesión de obras y el mes de junio pasado, tras una oferta del consorcio empresarial de ACS y Acciona, las compañías que presiden Florentino Pérez y José Manuel Entrecanales, quedó finalmente rechazada por no ajustarse a las condiciones de los pliegos del proyecto para levantar el macrocomplejo, que estaba previsto que estuviera finalizado en el segundo semestre de 2027.
La adjudicataria debería aportar una inversión de 507 millones para la construcción del complejo que reuniría los 374 órganos judiciales de la región que actualmente están repartidos en 28 inmuebles, y a cambio, lo explotaría durante 40 años (incluyendo un año para la redacción del proyecto y tres para la ejecución de las obras), en los que recibiría un canon anual de 49,3 millones de euros de dinero público al que se sumarían alquileres o cobro de aparcamiento.
El nuevo plan de Ayuso
Ahora, la Administración regional ostentará la plena propiedad de las instalaciones, incluida la seguridad, y será la beneficiaria de los ingresos obtenidos por la explotación de servicios adicionales.
Para retomar el proyecto, lanzará un nuevo contrato de licitación de las obras que, según destacan desde la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local, despertará “mucho interés” entre las constructoras, ya que ahora será la Comunidad de Madrid quien asuma el coste.
Se llevará a cabo en varias fases, y supondrá una inversión total de 660 millones de euros hasta el año 2030.
Según el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García, la optimización de recursos y las nuevas instalaciones permitirán un importante ahorro “de entre el 40 y 50 %” en los costes en servicios y alquileres, afirmó en un encuentro informativo
La Comunidad de Madrid ya está trabajando en el anteproyecto de la obra, y espera que en el primer trimestre de 2024 se pueda licitar el contrato de proyecto y obra, cuyos trabajos deberían comenzar a principios de 2025.
El proyecto total actuará sobre una superficie de 236.475 m2 sobre rasante y 198.711 m2 bajo rasante, repartidos en más de una decena de edificios, entre los que estará, en una primera fase, las nuevas sedes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), de la Audiencia Provincial de Madrid y de un centenar de juzgados de Primera Instancia, además de un aparcamiento público.
La segunda fase dará comienzo a finales de la presente legislatura, en la que se levantarán dos edificios que albergarán el resto del Orden Civil (Mercantil, de lo Social y de lo Contencioso-Administrativo.
La tercera y cuarta fase se realizarán, según la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, en la próxima legislatura con la finalización de los edificios para Penal, y otros espacios como Fiscalía, el Archivo Judicial Territorial y otras necesidades auxiliares, para tener todas las dependencias judiciales completamente reagrupadas en 2030.
