Navacerrada (EFE).- La emblemática estación de esquí del Puerto de Navacerrada afronta una nueva temporada invernal mientras mantiene vigente un controvertido marco administrativo debido a la caducidad de su licencia de actividad, en un contexto marcado por recursos y disputas entre distintas administraciones.
Pese a que la concesión de uso de los terrenos de montaña donde se asienta la estación expiró en 2021 tras 25 años vigente, la instalación ha logrado prorrogar su funcionamiento y se prepara para su quinta temporada con la antigua licencia caducada, apoyada en recursos judiciales presentados por la empresa gestora y respaldados en algunos casos por el Gobierno de Castilla y León.
La disputa ha enfrentado principalmente a las administraciones del Partido Popular y al Ministerio para la Transición Ecológica, que decidió no renovar la concesión y recuperar ambientalmente la zona debido al alto valor ecológico del monte colindante con el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.
Organizaciones ecologistas y expertos ambientales han criticado que esta situación prolongue un uso de terrenos que, en opinión de sus detractores, debería tender hacia su restauración natural, mientras quienes defienden la estación argumentan que su apertura genera actividad económica y empleo en la zona.
Ecologistas en Acción
Para Ecologistas en Acción, la estación “debería estar cerrada”, al entender que está pendiente el cumplimiento de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que dio la razón al Organismo Autónomo de Parques Nacionales en su reclamación para la devolución de los terrenos del lado segoviano.
Según el coordinador de Ecologistas en Madrid, Jesús Bartolomé, la continuidad de la actividad se basa en la ocupación de terrenos públicos por parte de una empresa privada sin un beneficio claro para el conjunto de la sociedad, ha dicho a EFE.
Asimismo, califica de «irregular» el procedimiento que siguió la Comunidad de Madrid para otorgar una nueva concesión de montes de utilidad pública, al entender que no se completó correctamente el proceso de caducidad y devolución de los terrenos y que no existió concurrencia competitiva.
La concesión fue otorgada a «la misma empresa que ya explotaba la estación, con un abaratamiento del coste del suelo y una ampliación de la superficie» disponible, ha criticado.
