València, 12 dic (EFE).- El letrado del exalcalde de Gandia Arturo Torró ha pedido la suspensión del juicio por malversación que la Audiencia Provincial ha iniciado este lunes contra su cliente por un supuesto delito de malversación y fraude público en previsión de que el Congreso de los Diputados pueda cambiar el Código Penal en lo relativo al delito de malversación antes de final de año.
Petición rechazada por el tribunal
La petición, a la que se han adherido el resto de defensas, ha sido rechazada por el tribunal, que ha admitido que existe una “situación peculiar fruto del conocimiento que se tiene de las iniciativas legislativas”, pero ha concluido que “ningún proyecto ni iniciativa vincula a los tribunales”.
“En caso de que fructificase en un texto legal se aplicará, ahora no cabe hacer proyección de futuro”, ha agregado el presidente de la Sala.
Primera sesión del juicio
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia ha iniciado hoy el juicio contra el exalcalde de Gandia Arturo Torró (PP, 2011-2015) y otros seis procesados por los delitos de malversación de caudales públicos y fraude en la contratación supuestamente cometidos en la adjudicación, a través de una empresa pública, de los servicios de comunicación del Ayuntamiento entre 2012 y 2015 a la firma Comarques Centrals Televisió.
El presente procedimiento se inició a partir de la querella interpuesta por los concejales socialistas José Manuel Orengo y Vicent Mascarell, y el Ayuntamiento de Gandia ejerce la acusación particular.
Según el escrito de acusación del Ministerio Público el alcalde, a través de una empresa municipal, concibió, promovió y asumió la obligación de pagar a la mercantil que gestionaba el otro procesado diversas cantidades de dinero público, pese a que sabía que no había causa que lo justificase y causando un claro perjuicio para las arcas públicas.
La Fiscalía solicita prisión de 8 años
La Fiscalía solicita para cada uno de los dos acusados una pena de prisión de 8 años.
Igualmente, en concepto de responsabilidad civil, reclama que ambos procesados, de forma solidaria y directa, abonen al Consistorio un total de 480.000 euros por el perjuicio causado a las arcas públicas, más los intereses legales.
Aunque el fiscal únicamente acusa a Torró y al empresario responsable de la citada televisión, el Ayuntamiento de Gandia extiende las responsabilidades a Francisco Javier Reig, como vicepresidente de la empresa pública IPG y concejal del equipo de Gobierno; Antonio Abad, concejal; dos empresarios y la funcionaria responsable de supervisar y coordinar la actividad de IPG con el Ayuntamiento de Gandia.
Torró alega vulneración de derechos
En el trámite de cuestiones previas, el abogado de Torró ha pedido la suspensión de la vista por una supuesta cuestión de vulneración de derechos fundamentales porque “el PSOE, Podemos e Iniciativa nosequé han planteado la intención de modificar el delito de malversación, para diferenciar si el acusado incorpora o no los fondos malversados a su patrimonio”.
Según este letrado, “esto se va a aprobar antes del 31 de diciembre, y podría darse la paradoja de que acabemos el juicio el 21 de diciembre y el 22 se modifique la ley. Quizá la defensa se hubiese enfocado de otro modo”.
Esta petición ha sido secundada por el resto de las defensas y ha contado con el rechazo del fiscal y las acusaciones.
“Hablamos de una semana, no de meses, es notorio y evidente que se va a cambiar el tipo penal”, ha apuntado uno de los letrados de las defensas, a lo que otra ha agregado que “cuando el Ejecutivo y el Legislativo se aclaren, que nos citen a esta sala”
Tras adelantar que no iba a acceder a esa petición, el presidente del tribunal ha admitido que se había llegado a plantear si la no suspensión “podría afectar a las defensas en su estrategia”, pero “ante la generalidad de la petición” no ha observado expectativas de admisión.
“Los hechos que sean declarados probados y deriven en una responsabilidad penal, en caso de modificación de la norma, se revisarán bien de oficio, bien vía recurso”, ha concluido.
Por el contrario, la Sala ha accedido a que las declaraciones de los procesados se produzcan al final del juicio, una vez practicada la prueba, los días 20 y 21 de diciembre.
