Jordi Ferrer | València (EFE).- Los juzgados valencianos entrarán en 2023 todavía con un extenso catálogo de procesos pendientes contra casos de corrupción, pero también aflorarán las primeras sentencias de juicios concluidos hace algunos meses, como el primero del caso Imelsa o del conocido como caso Alquería, que provocó la salida de Jorge Rodríguez de la Diputación de Valencia.
Con la misma empresa pública (Imelsa, luego renombrada como Divalterra) como escenario de fondo de supuestas tramas corruptas que afectan al PP, PSPV-PSOE y Compromís, se aguardan ambas sentencias por la trascendencia judicial de la primera y por comprobar cómo se resuelve uno de los casos más controvertidos de los últimos años (Alquería).
El primer juicio del caso Imelsa
El primer juicio del caso Imelsa concluyó en junio y sentó en el banquillo al exgerente de esta empresa y autodenominado ‘yonqui del dinero’, Marcos Benavent, y el exvicepresidente de la Diputación de Valencia y exalcalde de Moncada con el PP, Juan José Medina, entre otros.
Lo que resuelva la Audiencia Provincial respecto a este asunto tendrá eco más allá de las penas acordadas, puesto que en función de las evidencias que se consideren probadas se configurarán las defensas o los acuerdos judiciales en el resto de piezas pendientes.
Además, la resolución de esta primera pieza del caso Imelsa es de especial interés para Eduardo Zaplana, puesto que los papeles que dieron pie a su procesamiento por el amaño de la adjudicación de las ITV fueron hallados en el despacho del primer abogado de Benavent, y el propio ‘yonqui del dinero’, que se mostró colaborador durante los primeros años de la investigación, ha tratado en los últimos meses de desacreditarlos.
Una vez concluida la instrucción del conocido como caso Erial, contra Zaplana y algunos de sus más estrechos colaboradores, se espera que se ponga fecha para la celebración del juicio.
La pieza separada de Imelsa de Rus y el caso Alquería
En el extenso abanico de piezas separadas del caso Imelsa, es previsible que lleguen también a juicio en los primeros meses del año al menos dos en las que está procesado el expresidente de la Diputación Alfonso Rus (PP), como son las conocidas como la del ‘call center’ y la de los zombies.
Además, se espera en las próximas semanas la sentencia del caso Alquería, que sentó en el banquillo al expresidente socialista de la Diputación y actual alcalde de Ontinyent (por el partido independiente La Vall ens Uneix) junto a varios de sus colaboradores y a exgerentes de la empresa pública Divalterra (antes Imelsa) nombrados por el PSPV y Compromís.
La Audiencia deberá decidir en este caso si fueron o no fraudulentas las contrataciones de nueve altos directivos vinculados a los citados partidos; si como dijo el fiscal Divalterra “siguió siendo un chiringuito” o si, como argumentaron las defensas, todo este caso se pudo haber resuelto en la jurisdicción de lo contencioso-administrativo y no en la penal.
Camps, Azud y Oltra
Aunque alejado de la Comunitat, porque se celebra en la Audiencia Nacional, en el juicio contra el expresident de la Generalitat Francisco Camps -a partir del 23 de enero- se volverán a reproducir los testimonios y las pruebas que han dado pie a las diversas condenas del caso Gürtel, en esta ocasión con la previsible acusación directa de alguno de sus más estrechos colaboradores.
Camps se sentará en el banquillo por las supuestas irregularidades de la contratación irregular del expositor valenciano en Fitur 2009 a firmas de la trama Gürtel, y se enfrenta a una petición de condena de dos años y medio de prisión por delitos de prevaricacion y fraude.
Hechos coetáneos al caso Gürtel, que describen una operativa muy similar de supuesto “dopaje electoral” pero que afectan en este caso a las filas socialistas, se seguirán analizando en el conocido como caso Azud, con las declaraciones de los imputados.
Por otra parte, en enero deberán declarar en calidad de investigados dos colaboradores de la exvicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, como son su exjefe de gabinete Miquel Real y el exsubsecretario de la Conselleria de Igualdad Francesc Gamero.
Ambos lo harán en el marco de la investigación que sigue Instrucción 15 sobre el supuesto desamparo de la menor tutelada que sufrió abusos por parte del exmarido de Oltra, que ejercía de educador en el centro de acogida.
Alicante y Castellón
En Alicante se deberá conformar un nuevo jurado a partir del mes de mayo para juzgar a Miguel López, el acusado de matar a su suegra Mari Carmen Martínez, viuda del expresidente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), dado que el Tribunal Supremo anuló la anterior condena absolutoria y ordenó repetir el juicio.
En Castellón está pendiente el señalamiento del caso conocido como ‘Bar España’ contra una decena de acusados por difundir bulos sobre supuestos comportamientos pederastas de políticos valencianos.
