Madrid/Alicante (EFE).- El Gobierno ha aprobado los 12 planes hidrológicos (2022-2027) y que incluyen la fijación de caudales ecológicos en el río Tajo, lo que supondrá un recorte de las aportaciones al Segura y que tendrá una implicación directa para la provincia de Alicante.
De esta manera, la propuesta del Gobierno contempla que el caudal ecológico a su paso por Aranjuez (Madrid) suba a de seis a siete metros cúbicos por segundo desde el 1 de enero de 2023, que pase a ser de ocho desde 2026 y que se eleve a 8,65 en 2027.
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Real Decreto que contempla la planificación hidrológica del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura, Júcar, además de la parte española de los ríos compartidos con Portugal (Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana) y con Francia (Cantábrico Oriental y Ebro).
La Ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera ha señalado que con estos planes hidrológicos abarcan el 86% del territorio nacional, afectan al 65% de la población y cuentan con una inversión de 22.844 millones, de los cuales algo más de 10.000 millones son de inversión estatal.
“Nunca jamás” se han destinado tantos recursos en España para la inversión y gestión en agua, ha hecho hincapié la ministra.
Los regantes recurrirán a la justicia para que que el Tajo-Segura siga “como está”
Los regantes del sureste español se han manifestado este martes ante el Palacio de la Moncloa para mostrar su desacuerdo con la reducción del caudal del trasvase Tajo-Segura que contemplan los nuevos planes hidrológicos, y han anunciado que recurrirán a la Justicia para que la situación siga “como está”.
“No vamos a parar. Ya estamos preparando un recurso contenciosos administrativo (para elevar el Tribunal Supremo) porque no nos vale nada que no sea dejar las cosas como están”, ha dicho a Efeagro Lucas Jiménez, el presidente de los convocantes de esta manifestación, el Sindicato Central de Regantes del Tajo-Segura (Scrats).
A la convocatoria han respondido alrededor de 130 personas -según los datos de la Delegación del Gobierno- y unos 500 -según los organizadores-, que han alzando su voz con gritos de “¡agua para el Levante!” y que han pedido la dimisión de la ministra de la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de España, Teresa Ribero, impulsora de este real decreto.
Ha sido el último intento de los regantes de la zona del Levante de ser escuchados y evitar que el Consejo de Ministros aprobara el real decreto que revisa los planes hidrológicos, que incluye un caudal ecológico en el Tajo que afecta al trasvase con el Segura.
De esta forma, el caudal del Tajo tendrá que elevarse a su paso por Aranjuez (Madrid) de manera progresiva: de seis a siete metros cúbicos por segundo en 2023, a ocho en 2026 y a 8,65 en 2027.
Ese aumento llevará aparejada una predecible disminución del agua a trasvasar hacia el Levante, lo que afectará gravemente a la economía de estas zonas en general y al sector primario en particular, de acuerdo con las denuncias de regantes, empresarios, instituciones y fuerzas políticas locales de la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía.
