València (EFE).- La Audiencia de Valencia ha comenzado a las 10.30 horas de este jueves el juicio por el cobro de comisiones ilícitas tras las concesiones de ITV y parques eólicos en la Comunitat Valenciana, que sienta en el banquillo de los acusados al exministro y expresident de la Generalitat Eduardo Zaplana y otras catorce personas.
El exministro ha llegado a las 9:45 horas a la Ciudad de Justicia de València, donde ha señalado a los numerosos periodistas que le esperaban que estaba “deseando que empiece” el juicio y cuando se le ha preguntado qué va a declarar ha recordado que no le toca hacerlo hoy.
Previamente habían entrado el jefe de gabinete de Zaplana cuando este era president de la Generalitat, Juan Francisco García, quien ha manifestado que tiene ganas de que empiece el juicio “y de que acabe”, y el expresident de la Generalitat José Luis Olivas, quien se ha limitado a saludar a la prensa.
El empresario José Cotino ha coincidido en afirmar que tiene “muchas” ganas de que empiece la vista, y el último en llegar ha sido el excolaborador de Zaplana Miguel Barceló, quien ha señalado que “cuanto antes empiece, antes acaba”, y respecto a si ha pactado con la Fiscalía ha indicado: “lo tengo que decir dentro”.
Aplazamientos del juicio
El juicio había sufrido dos aplazamientos previos -el 9 de enero la baja del fiscal anticorrupción y el 1 de febrero por enfermedad del abogado de Zaplana-, pero finalmente ha comenzado este jueves, con las cuestiones previas, en la que será la primera de las 40 sesiones previstas hasta el mes de junio.
En esta macrocausa están investigadas quince personas, entre ellas los expresidentes de la Generalitat con el PP Eduardo Zaplana y José Luis Olivas y la familia del fallecido expresidente de Les Corts Valencianes, exvicepresidente del Gobierno valenciano y ex director general de la Policía, Juan Cotino, además de colaboradores del expresident y exministro y varios empresarios.
La causa llega a la fase de juicio casi seis años después de la detención de Zaplana (el 22 de mayo de 2018), que estuvo en prisión hasta el 7 de febrero de 2019, aunque permaneció ingresado en La Fe por una enfermedad oncológica desde el 18 de diciembre de 2018 al 11 de febrero de 2019.
Zaplana pide un juicio en la Audiencia Nacional
El abogado del expresident de la Generalitat ha pedido sin éxito al inicio de la vista que la causa se juzgue en la Audiencia Nacional, al entender que los delitos más graves que se le atribuyen -el blanqueo y el cohecho- se cometieron en el extranjero y es a ese órgano al que le corresponde juzgarlo.
Así lo ha señalado en el turno de cuestiones previas el abogado de Zaplana, Daniel Campos, quien ha hecho hincapié en que la competencia de los hechos que se juzgan es “de un forma absolutamente clara y nítida” de la Audiencia Nacional.
En su argumentación, Campos ha citado algunos de los más importantes casos de corrupción de los últimos tiempos, como Emarsa, Púnica, Lezo, Petronor, Gürtel o Pujol para señalar que “la competencia se ha de desplazar a la Audiencia Nacional cuando el delito más grave de cuantos se juzgan se comete en el extranjero”.
Así, ha repasado el escrito de acusación del ministerio fiscal para insistir en que la supuesta actividad de blanqueo -la presunta recepción de sobornos por la adjudicación ilícita de las ITV- que se atribuye a su cliente se cometió en Luxemburgo.
“Si acaso, también se produce blanqueo en Villajoyosa o Altea -en alusión a las inversiones inmobiliarias que, según el fiscal, se realizaron para repatriar esos fondos-, pero no en Valencia, donde no ha aparecido un duro de ese supuesto blanqueo”, ha agregado.
“Lo único que tendríamos en Valencia sería la prevaricación, suponiendo que sepamos cuál es la resolución injusta que dictó Zaplana, pero en cualquier caso ese delito conlleva penas de inhabilitación”, ha agregado.
El tribunal rechaza la inhibición
En su turno de réplica, el fiscal ha insistido en que la competencia de un determinado tribunal “no debe ser interpretada de forma restrictiva”, sino que “se ha de primar la territorialidad”, es decir, “donde se ha cometido el delito”.
“Los fondos se trasladan a Luxemburgo, pero el cohecho se comete aquí, en la Comunitat Valenciana, en la ciudad de Valencia es donde se conciertan para esas contrataciones públicas”, ha subrayado el fiscal Pablo Ponce.
Asimismo, ha señalado que el delito más grave al que se enfrenta Zaplana es el de cohecho y que “las pruebas materiales” se hallaron en València.
Tras escuchar a las partes, finalmente el presidente del tribunal, Pedro Castellano, no ha aceptado la inhibición planteada por la defensa de Zaplana “porque el delito principal, el de cohecho, se comete en València, y el resto de delitos accesorios son conexos”.
