València, (EFE).- El desahucio de una mujer que vive sola con cuatro menores, uno de ellos un bebé, en la localidad valenciana de Torrent ha sido suspendido por dos meses con el “compromiso” de buscar en este tiempo una alternativa habitacional para esta familia.
El portavoz de la asociación PAH Valencia, José Luis González, ha explicado a EFE que están “contentos” por cómo se ha resuelto momentáneamente la situación de Carmen y ha avisado de que “volverán” si en dos meses no hay una solución.
Alternativa habitacional
“Habrá un nuevo señalamiento para el lanzamiento pero todo el mundo se ha comprometido a buscar una alternativa habitacional. Al menos esta noche esos niños no van a dormir en la calle”, ha resaltado.
Según González, el Ayuntamiento de Torrent se ha comprometido a tramitar ante la EVHA (Entitat Valenciana de Habitatge y Sól) la solicitud de una vivienda para esta familia y ha valorado que el fondo propietario haya ofrecido esta alternativa.
El desahucio de Carmen estaba fijado para este miércoles, a pesar de que del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de la ONU había pedido al Gobierno español que lo paralizara o les diera una vivienda.
Situación peculiar
González ha explicado a EFE la situación “peculiar” de Carmen y su familia y ha valorado que se haya podido posponer el desahucio, tras intentos fallidos de la PAH de conseguirle una vivienda digna.
Ha explicado que Carmen, sus tres hijas y su nieta (estas cuatro últimas, todas menores) están “ocupando” la vivienda de Torrent, por lo que el juez determinó “no hacerles parte del procedimiento judicial” (el banco actuó contra el último inquilino que no pagaba), por lo que “no se le aplican los beneficios del marco normativo actual”.
“Respetando la técnica jurídica, nos parece una burda triquiñuela o un galimatías técnico que al final consigue algo que va contra el espíritu de todas las leyes”, ha asegurado.
El representante de la PAH ha explicado que han solicitado una vivienda para Carmen a la EVHA de la Generalitat y al Ayuntamiento pero ninguna administración disponía de una alternativa habitacional para ellas.
“Como las Administraciones no tenían alternativa y no se aplica el marco normativo, hay una desprotección absoluta”, ha resaltado para añadir que por eso acudieron al DESC de Naciones Unidas, al que desde la PAH entregaron varias decenas de documentos sobre el caso.
“A la vista de todo, ha resuelto solicitar al Estado que para evitar daños irreparables, suspenda el desahucio o alternativamente otorgue una vivienda digna a esta familia”, ha relatado José Luis González.
A su juicio, este caso refleja “una situación durísima” y el “mejor exponente de la complejidad del problema de la vivienda” y ha apuntado que “algunos jueces siguen sin ser solidarios con el espíritu de las leyes” y que “las normas de escudo social deberían perfeccionarse para evitar interpretaciones contra los derechos humanos”.
“Las Administraciones siguen mirando hacia otro lado y hablan solo de construir vivienda de aquí a cuatro o cinco años”, ha opinado para recordar que han presentado al Consell un plan de choque “con medidas contra la emergencia habitacional”, como que las Administraciones sean las titulares de los contratos de alquiler y las familias se subroguen, que haya créditos blandos para alquiler o incrementar las ayudas de alquiler porque “las actuales se han quedado pequeñas en relación al mercado”.
González ha lamentado que las Administraciones “no ponen en marcha ningún control de precios de alquileres, se usa la vivienda como arma arrojadiza y la Sareb no ha proporcionado todas las viviendas que podría”, y ha pedido programas de solidaridad para que los propietarios con viviendas vacías las movilicen “garantizando que cobrarán y no habrá desperfectos”.EFE
