València (EFE).- La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha denunciado este miércoles el aumento, en un 2,67 %, de los desahucios respecto al pasado año, con 1.037 familias afectadas, la mayoría de ellas con menores a su cargo y sin recursos, que lamentan sentirse “completamente olvidadas”.
Este es el caso de Carmen Mondejar, vecina de Torrent, de 35 años de edad, que tiene a su cargo a cuatro personas, todas ellas menores de edad, y actualmente se encuentra okupando una vivienda vacía propiedad del Banco Santander.
“He pedido todas las ayudas posibles: a servicios sociales, al Ayuntamiento de València y al Gobierno. El ayuntamiento nos dice que no hay vivienda y que están baremando el expediente, pero llevamos mucho tiempo esperando y tengo niños a mi cargo”, ha lamentado en declaraciones a la prensa.
Ha relatado que intentó hacer un contrato de vivienda social con la entidad bancaria “porque hacen ventas” y que ésta intentó pagarle una cantidad de dinero para se fuera. Al final, el juez decretó que habría desahucio el 8 de julio.
“Nosotros no somos ladrones. Solo queremos tener un techo y comida para nuestros hijos. Probamos todo lo posible antes de llegar a esta situación. Para nosotros es muy duro”, asevera Mondejar.
Más del 70% de las familias desahuciadas no tiene alternativa habitacional.
El portavoz de la PAH, José Luis González, ha afirmado que aproximadamente más del 70 % de las familias desahuciadas no tienen alternativa habitacional.
Es también el caso de Lola, de 30 años y con dos menores a su cargo, que tenía un alquiler social y posteriormente entró en un fondo buitre. Relata que ha conseguido parar ya dos intentos de desahucio pero cree que el tercero, que tiene el 25 de junio, no lo podrá detener.
“He pedido todas las ayudas existentes de vivienda social y llevo en esta situación más de tres años. Ellos dicen que no resuelven urgencias pero ¿no será urgencia resolver un procedimiento de tres años”, ha cuestionado Lola.
También ha relatado su experiencia Vanesa, nacida en València, quien ha estado de okupa en un piso durante tres años con dos menores a su cargo y tiene la orden de desahucio para el 13 de julio.
Al igual que los otros testimonios, ha pedido ayuda a organismos y administraciones. “Pero no me contestan nada, pese a decir que me van a desahuciar, y tengo dos niños que se quedarán en la calle”, lamenta.
Pisos turísticos y falta de vivienda
González ha recalcado que “vivienda hay” pero la mayoría “están pasando a viviendas turísticas y dejando a muchas personas sin opción habitacional”.
“Para todos es evidente que existe un gran proceso especulador contra los grandes bloques sociales y, ahora mismo, hay más de 25.000 viviendas turísticas en la ciudad, así que vivienda hay”, ha aseverado.
La plataforma ha criticado asimismo la “falta de acuerdo” entre los partidos para solucionar una necesidad “que es un derecho constitucional y que a ningún político le parece importar”.
En ese sentido, ha dicho que el parque público de la Comunitat solo es del 0,6 % del total inmobiliario y que muchas entidades bancarias tienen viviendas vacías que no disponen “al servicio de la ciudadanía”.
Por este motivo, ha puesto el foco en soluciones como la ampliación de presupuestos en ayudas al alquiler, una dotación para inspección del control de viviendas vacías, de plazas turísticas y la ampliación del parque público.
Asimismo, desde la plataforma piden promover un “programa de solidaridad” con los pequeños propietarios que, garantizando el cobro y el respeto de sus instalaciones, potencie la confianza social.
Ante “la ineptitud institucional”, la PAH ha llevado el problema de los afectados a Naciones Unidas, que “ha solicitado al estado tomar medidas para evitar daños irreparables consistentes en la suspensión del derecho de la vivienda”.
“Hay que superar el falso relato de la okupación, aportando alternativas a las familias y poniendo fin a la ocupación mafiosa”, ha declarado el representante de la PAH.
