València (EFE).- El Gobierno central y la Generalitat Valenciana han elevado este miércoles sus acusaciones mutuas por la gestión de las riadas que asolaron Valencia el pasado 29 de octubre, un conflicto dialéctico directo reavivado tras conocerse las decenas de miles de llamadas recibidas aquella jornada por el teléfono de emergencias 112.
La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha asegurado que las personas que asistieron al Cecopi del día de la dana tenían la información del número de llamadas al 112 en una pantalla situada «enfrente» de donde estaban reunidos, ya que los técnicos del teléfono de emergencias están ubicados en el mismo edificio, en L’Eliana (Valencia).
«La tenían enfrente, estaban arriba reunidos, la tenían aquí. ¿Qué necesitaban, que entrara alguien y les zarandeara?», ha reprochado Bernabé, quien participó de forma telemática en esa reunión, y también se ha preguntado: «¿Pero qué estafa es esta?».
Posteriormente, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha recogido esas declaraciones de Bernabé para añadir que si el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, «mantiene» al frente de la Generalitat a Carlos Mazón será «responsable ante los ciudadanos» de la Comunitat de mantener a quien estaba «al mando» de la gestión el 29 de octubre.
Sobre este mismo asunto, la ministra de Ciencia y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha considerado ese volumen de llamadas como «la gran mentira del Consell de (Carlos) Mazón».
«Se recibieron más de 19.000 llamadas de auxilio (en la jornada del 29 de octubre). Mazón ha estado repitiendo una y otra vez que no tenía suficiente información y ha dado a entender que otros la teníamos. Es al revés, ellos tenían una información que solo han revelado a una jueza y por obligación. Eso destapa la gran mentira de Mazón y del Consell. Sabían lo que estaba pasando y no hicieron nada por impedir las muertes», ha añadido Morant.
Incluso el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, que este miércoles ha estado en València, ha lamentado que el día de la dana «fueron los ciudadanos y los medios de comunicación quienes dieron la alerta, pero quien tenía que actuar no lo hizo».
«Me parece definitivo ese dato -el de las llamadas-, quizá el más relevante. La democracia, que es el mejor sistema que hemos conocido, no puede evitar la tragedia, pero sí puede reparar. Creo que es lo que acabará pasando con la acción de la Justicia. Reparar es reconocer, atribuir responsabilidades, hacer justicia. Tendrá que haber un gran consuelo social para que esto se dirima, como debe ser en un Estado de derecho serio», ha concluido.
La posición de la Generalitat
Desde el Gobierno valenciano, su vicepresidenta y portavoz, Susana Camarero, ha opinado que la delegada del Gobierno «está perdiendo los nervios» porque está «cada vez más acorralada» y cuatro meses después es «indignante» que aún «no haya explicado por qué no se desplazó al Cecopi» aquel 29 de octubre ni haya «asumido ninguna responsabilidad».
Ha criticado el «cinismo» de Bernabé porque «no estaba en el Centro de Coordinación de Emergencias en el día en que se produce la mayor catástrofe natural de la historia de la Comunitat Valenciana, cuando es la responsable de las agencias estatales y de todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado».
Camarero se ha preguntado: «Si tantos avisos precisos cree que daba la Aemet o la Confederación Hidrográfica del Júcar, ¿por qué no trasladó esos avisos que le llegan directamente, o la llamada de la alcaldesa de Paiporta en la que le informó del desbordamiento del barranco del Poyo?»
.En este punto, ha indicado que «aún no ha explicado por qué no se cortó la A-3 a la altura de Chiva, ni el baipás o la pista de Silla en la A-7, por qué no se paralizó el AVE incluso después de que se lo pidiera el jefe de climatología de la Aemet, como hemos conocido por sus propios WhatsApp, o por qué no cortó los trenes de Cercanías».
Sobre las decenas de miles de llamadas recibidas por el 112, la secretaria autonómica de Emergencias e Interior, Irene Rodríguez, ha afirmado que hay que distinguir entre las llamadas al 112 que se reciben y la información interpretada que llega para tomar medidas, en referencia a las 19.800 recibidas en el 112 el 29 de octubre, y ha pedido «lealtad institucional».
Rodríguez ha señalado que es necesario «hacer una distinción entre las llamadas al 112 que se transmiten y se gestionan en los servicios de intervención tal y como se reciben, y la información que tiene que llegar interpretada sobre lo que pueda pasar u ocurrir».
El conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, ha pedido a la delegada del Gobierno la “lealtad institucional” exigible ante cualquier situación de emergencia y le ha exigido que deje de “tratar de sacar rédito político” de las riadas del pasado 29 de octubre.
“Ya está bien de la búsqueda de ruido y de la utilización de una catástrofe con fines políticos, que es la actitud que viene mostrando la delegada del Gobierno tanto en el CECOPI como en las reuniones de seguimiento y análisis del episodio de lluvias actual”, ha lamentado Valderrama.
También el conseller de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus, ha criticado que «cuatro meses después» de la dana la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) siga con un sistema precario para monitorizar los caudales de los caces.
Martínez Mus se refería así a la información facilitada este martes por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) según la cual el sensor del barranco del Poyo marca «0» porque hasta el momento en el actual episodio de lluvias en la Comunitat Valenciana no han circulado por él caudales suficientes que le permitan ofrecer datos.
