València (EFE).- Una manifestación ha recorrido esta tarde las calles del centro de la ciudad de València para denunciar las responsabilidades de todas las administraciones en el actual problema de la vivienda y reclamar un plan de choque para atajarlo.
Convocada por las plataformas Juntes per l’Habitatge, València no està en venda y Acord Social Valencià, a las que se ha sumado la federación de asociaciones vecinales de València, la protesta, que ha tenido como lema ‘Por el derecho a la vivienda, ¡ahora!’, ha transcurrido en un ambiente tranquilo y sin incidentes.
Los participantes han iniciado la marcha pasadas las 18 horas desde la plaza San Agustín y han recorrido algunas de las calles del centro de la ciudad, en una tarde con temperaturas bajas y las tiendas llenas de gente haciendo compras de Navidad.
Han portado numerosas pancartas en las que se podía leer «Acabemos con el negocio de la vivienda», «Vivienda universal, gratuita y de calidad», «El Cabanyal, para el que lo habita» o «Airbnb = vecinas sin casa», escrito en todos los casos en valenciano.
Responsabilidades de todas las administraciones y partidos
Los convocantes han denunciado las responsabilidades de todas las administraciones y partidos en los distintos gobiernos, local, autonómico y estatal ante «la gravísima situación que impide el acceso a la vivienda», y exigen un plan de choque con medidas «necesarias, concretas y consensuadas» con los movimientos sociales, vecinales y sindicales para avanzar en «un derecho que debería ser indiscutible».
También han reclamado la prórroga y mejora del escudo social que finaliza el 31 de diciembre y que, de no prorrogarse y mejorarse, supondrá que a partir del 1 de enero de 2026 «se inicie la terrorífica cuenta atrás del desahucio para 60.000 familias en todo el Estado».
Entre los problemas, han enumerado el mantenimiento de los desahucios que llevan a situaciones dramáticas, los precios de los alquileres cada vez más inaccesibles, el uso que se hace de las viviendas y el territorio como «un bien de mercado totalmente sometido a la especulación», la expulsión de vecinos de sus barrios mientras se llenan de apartamentos turísticos, el acoso inmobiliario o un parque público de viviendas insuficiente.
A juicio de las plataformas impulsoras de la manifestación, el problema de la vivienda afecta a todas las personas, sin excepción: «a la familia que ya no llega a fin de mes y a quien paga una hipoteca desproporcionada; a la juventud que no puede emanciparse, y a las personas mayores expulsadas de los barrios de toda la vida por la subida constante de los alquileres».
Generalitat: «Es un problema de falta de oferta»
La Generalitat Valenciana ha defendido que avanza en el objetivo de «dar solución a la vivienda con políticas integrales», y ha sostenido que el problema de la vivienda «es un problema de falta de oferta» y que en eso es en lo que está trabajando.
Frente a la que considera «demostrada incapacidad» del Gobierno de España en política de vivienda, y «tras ocho largos años de sequía en la construcción de nuevas viviendas asequibles» en esta comunidad, el Gobierno valenciano «da pasos firmes y reales» para mejorar las oportunidades de acceso a la vivienda de los jóvenes y las familias con menos recursos, ha afirmado en una nota de prensa.
El Ejecutivo autonómico está centrado, según ha dicho, en «activar suelo, poner viviendas en el mercado, aprobar rebajas fiscales para el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y dar avales a los jóvenes para facilitarles el acceso a la vivienda».
Según ha insistido, la Generalitat ha ampliado el parque público incrementando en un 10 % las viviendas en alquiler social, entregando más de 1.043 viviendas y rehabilitando casi 600 viviendas con una inversión de 8,7 millones de euros.
Otra de sus líneas de actuación consiste en mejorar las ayudas para alquiler y compra, y, respecto a los avales y fiscalidad, ha subrayado que ha rebajado impuestos y que el IVF ha avalado a más de 1.600 jóvenes, con 14,5 millones en avales, según su datos.
En la lucha contra la ocupación para «lograr dar seguridad a los propietarios y que las viviendas estén a disposición de las personas que más lo necesitan», ha diseñado un plan integral contra la ocupación ilegal basado en tres pilares: prevención, intervención inmediata y protección a las víctimas.
