València (EFE) .- El exgerente de la empresa pública Imelsa y autodenominado ‘yonqui del dinero’, Marcos Benavent, ha afirmado este lunes a su llegada a la Ciudad de la Justicia de València que él no es «un trabajador zombie» y que los «zombies son otros», y que él «claro que trabajaba».
Benavent vuelve a sentarse en el banquillo de los acusados, junto a tres empresarios y el exgerente de una fundación, para responder por el supuesto amaño, entre 2003 y 2008, de varios contratos del área de Cultura del Ayuntamiento de València a cambio de comisiones ilícitas.
Fiscalía pide seis años y medio de prisión para Benavent
La Fiscalía solicita seis años y seis meses de prisión para Benavent por delitos continuados de cohecho y malversación de caudales públicos, así como por un delito de prevaricación administrativa; en su caso, la Fiscalía aprecia la atenuante de confesión por su colaboración con la investigación.
Junto a Benavent, Anticorrupción acusa a Vicente Burgos, exgerente de la Fundación pública Jaume II El Just, para quien solicita cinco años de prisión por un delito continuado de malversación, quien a su llegada a los juzgados ha asegurado asimismo que Benavent «claro que trabajaba» y desempeñaba funciones para dicha fundación y está «tranquilo en ese aspecto».
Según el escrito de acusación, Burgos permitió que Benavent cobrara durante años un salario público sin desempeñar funciones reales, mientras realizaba tareas para el Partido Popular.
«Benavent no iba a trabajar»
Durante su declaración en el juzgado, el exgerente de la Fundación Jaume II ha dicho que Benavent no estaba adscrito a la misma sino que estaba «como muchos otros» a requerimiento del entonces conseller de Cultura, Esteban González Pons, y de su gabinete.
«No contraté a Benavent ni tampoco el patronato. Lo hizo el conseller de Cultura como presidente de la fundación y conseller», ha afirmado Burgos, que estuvo contratado como gerente de la fundación entre octubre de 2003 y noviembre de 2007.
La pretensión de la Conselleria era que, a través de la fundación, se adquiriera y trasladara el claustro alto de la Valldigna que estaba en Torrelodones (Madrid) y que el conseller, «por voluntad propia», estimó que Benavent estuviera con él como enlace con la fundación, ha añadido.
Preguntado por qué durante la instrucción dijo que Benavent «no iba a trabajar» y «no hacía nada en la fundación», ha señalado que fue una matización, ya que estaba adscrito al gabinete de la Conselleria y no a la fundación.
El ‘cambio de versión’
Preguntado de nuevo por los periodistas por este «cambio de versión», ha insistido en que su primera declaración fue «extraída de contexto» ya que lo que quiso es matizar que Benavent «no iba a trabajar a la fundación porque estaba en el gabinete del conseller».
«No mentí, pero hacer de una verdad una mentira es bastante fácil», ha aseverado.
Al inicio del juicio, en las cuestiones previas, la defensa de Marcos Benavent ha pedido la impugnación de la investigación realizada por Rosa Pérez Garijo y la nulidad del acta de registro de su vivienda al considerar que no está suficientemente motivada, al tiempo que ha alegado que ha habido una «infracción» del derecho de inviolabilidad.
Por su parte, la defensa de Burgos y la de otros tres empresarios también acusados en esta pieza -Enrique Aleixandre, Carlos Turró y Carlos Vicent- han alegado prescripción de los delitos.
La Fiscalía atribuye a estos empresarios los delitos de cohecho activo por el pago de sobornos destinados a asegurarse la adjudicación de contratos públicos; para cada uno de ellos solicita tres años de prisión, una multa de 29.000 euros y penas de inhabilitación.
La Fiscalía se ha opuesto a la nulidad de las grabaciones aportadas a la causa por Rosa Pérez Garijo y de los registros de las viviendas y domicilios investigados en la causa, y se ha mostrado contraria a cualquier prescripción como pedían las defensas.
