València (EFE).- El juez de València que investiga el supuesto expolio de patrimonio que sufrió una anciana con alzhéimer por parte de cinco personas, entre ellas un notario, dos abogados y su cuidadora, ha abierto también una línea de investigación por un posible delito de homicidio en grado de tentativa.
Según informa a EFE el Tribunal Superior de Justicia valenciano, ese posible delito no se atribuye en estos momentos directamente a ninguno de los investigados pero se investiga «después de que un informe médico haya constatado la presencia una sustancia química en el organismo de la víctima que puede resultar mortal para una persona de su edad y sus dolencias».
El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de València recibió este miércoles, durante su servicio de guardia, a los cinco detenidos y acordó, conforme a lo solicitado por el Ministerio Fiscal, la libertad provisional de todos ellos.
Medidas cautelares
Para cuatro de los detenidos -dos abogados, una cuidadora de la víctima y otro particular- el magistrado adoptó como medidas cautelares la retirada de pasaporte y prohibición de salida del territorio nacional, así como comparecencias en sede judicial cada quince días.
Para el quinto detenido, notario, el magistrado no adoptó medidas cautelares al entender que los indicios de su participación en los hechos son menores que los existentes contra los otros cuatro investigados.
La causa está abierta inicialmente por delitos de estafa, apropiación indebida y hurto, sin perjuicio de ulterior calificación, según el TSJCV.
La víctima tiene 80 años y padece alzhéimer
Desde la Policía Nacional se ha informado este jueves de que la víctima es una mujer de 80 años, que padece alzhéimer y que llegó a ser hospitalizada al encontrarse tóxicos en su cuerpo.
Los detenidos son cuatro varones y una mujer -la cuidadora de la anciana- de entre 46 y 71 años, y las investigaciones comenzaron en junio a raíz de la denuncia de la familia de la víctima, que manifestó que cada vez le resultaba más difícil contactar con ella o mantener encuentros presenciales.
Los familiares consultaron la situación patrimonial de la víctima en el Registro de la Propiedad y comprobaron que la totalidad de los bienes inmuebles habían sido enajenados; además, constataron que la mujer había procedido a la venta de sus inmuebles con el asesoramiento e intervención de dos letrados, que resultaban ser también abogados de la parte compradora, y las ventas se realizaron por un valor muy inferior al que realmente tenían los bienes inmuebles en cuestión.
Además, todas se llevaron a cabo ante el mismo notario, que era el encargado de dar legalidad al acto, e incluso en la venta del piso donde residía la afectada, pese a transmitirse en régimen de nuda propiedad, se llegaron a establecer condiciones gravosas y desfavorables para ella, que contemplaban la posible pérdida del usufructo.
Como consecuencia de todas estas operaciones, los beneficios obtenidos eran de aproximadamente unos 785.000 euros.
