Alicante (EFE).- El Tribunal de Instancia plaza número 5 de Alicante ha recibido por turno de reparto la denuncia presentada por la organización Manos Limpias en relación a las presuntas anomalías en la promoción de viviendas de protección pública construidas en la Playa de San Juan, que han provocado la dimisión de varios altos cargos, entre ellos de la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez (PP) y una directora general municipal.
De esta forma, el citado tribunal será el competente para abrir, en su caso, diligencias de investigación judicial tras acumular las otras cuatro denuncias presentadas en Fiscalía relacionadas con la gestión de esas viviendas situadas en el Residencial Les Naus, sobre un solar municipal subastado por el ayuntamiento entre 2018 y 2022.
Esas cuatro denuncias elevadas a la Fiscalía Provincial son de Sumar, el grupo municipal del PSPV-PSOE, el equipo de gobierno de Alicante, del PP, y por la Conselleria de Vivienda de la Generalitat Valenciana.
Fiscalía ya ha abierto una investigación preliminar
El ministerio público ya había abierto diligencias de investigación preliminar a partir de esas denuncias previas que habían quedado en manos de los fiscales Anticorrupción para su análisis.
La denuncia presentada por Manos Limpias se presentó en la tarde del pasado jueves en el juzgado de guardia del Palacio de Justicia de Benalúa y se dirige contra diez personas entre las que se incluye la exconcejala de Urbanismo y dos funcionarios que también resultaron beneficiarios de esas viviendas, de forma directa o a través de familiares, tras inscribirse como socios de la cooperativa que las construyó.
También apunta contra los cuatro máximos responsables de dicha cooperativa: el presidente, la vicepresidenta, la secretaria y el administrador único en un escrito donde considera que se pudieron cometer los delitos de tráfico de influencias, falsedad en documento público mercantil, negociación prohibida a funcionarios y prevaricación administrativa.
La izquierda pedirá en el pleno la reprobación de Barcala
Los tres grupos municipales de izquierda en el ayuntamiento de Alicante, el PSPV-PSOE, Compromís y EU-Podem, han registrado una declaración institucional conjunta para que el próximo pleno debata y vote la reprobación y la exigencia de dimisión del alcalde, Luis Barcala, del PP, como máximo responsable político de la polémica adjudicación de viviendas públicas (VPP).
La iniciativa, que se debatirá en el pleno del 26 de febrero, se presenta ante la falta de explicaciones convincentes por parte del alcalde y al considerar que existe una responsabilidad política directa e ineludible que recae en él.
Para los tres grupos firmantes, la gravedad de los hechos y el daño causado a la credibilidad del ayuntamiento y a las familias que siguen esperando acceso a una vivienda pública, hacen insostenible que Barcala continúe al frente del gobierno municipal.
La portavoz socialista, Ana Barceló, ha señalado que «la confianza en la gestión de la vivienda pública está seriamente dañada y el alcalde tiene que asumir responsabilidades políticas con su dimisión inmediata» a partir de un escándalo que ya lleva tres ceses a petición propia y donde «el problema no se ha cerrado sino que el escándalo que afecta al PP va a más».
El concejal Rafa Mas, de Compromís, ha culpado a Barcala de que «la corrupción» vuelva a «a ser noticia (en la ciudad), salpicada por la gestión de su ayuntamiento» mientras que Manolo Copé , portavoz de EU-Podem, ha señalado al alcalde por desmantelar las políticas públicas de vivienda y «haber modificado los criterios de acceso a las VPP para beneficiar a los de siempre».
Barcala desoye las demandas de dimisión
Mientras tanto, el alcalde de Alicante ha sostenido que está volcado en «la gestión» de la política municipal y también de este escándalo para evitar que cualquier conducta sancionable «quede impune».
Preguntado por la petición de toda la oposición municipal para que deje el cargo por el caso de las viviendas VPP, incluido el socio preferente de su mandato en minoría, Vox, Barcala ha evitado contestar directamente y ha repetido que se centra en seguir trabajando para «poner en marcha el presupuesto y todos los proyectos que tiene la ciudad».
Luis Barcala (PP) también ha señalado que cuenta con el respaldo del PP estatal y autonómico a través del president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca.
Sobre la esa petición de dimisión de toda la oposición, ha comentado no entra «en especulaciones ni en hipótesis» y, a continuación, ha afirmado que la gestión «es lo que importa a los alicantinos» porque «esta ciudad se mueve constantemente y en eso es en lo que estoy».
El alcalde trabaja para «solventar el problema» con medidas «muy contundentes»
Ha reiterado que trabaja para «solventar un problema que está ahí» con medidas «muy contundentes» con el fin de que los vecinos de la ciudad sepan, en un tema «tan sensible», que «lo que se haya hecho de forma irregular no va a quedar impune».
«Quien no haya tenido derecho a acceder a las viviendas de protección pública», ha recalcado sobre el residencial Les Naus, «no las va a tener» y para ello ha dicho que «se movilizará absolutamente todos los mecanismos» en una situación en la que se tratará «que no vuelva a suceder».
Ha puesto de manifiesto que el proceso de la adjudicación ha recaído en la cooperativa y no en el consistorio, y que la supervisión de los expedientes, es decir «de quién tiene derecho y si cumple con las condiciones», es responsabilidad de la Generalitat.
«Estamos trabajando todos para que eso que ha generado tanta alarma quede, primero, esclarecido y, segundo, corregido», ha repetido Barcala, quien ha subrayado que lo ocurrido le «preocupa una barbaridad» y le ha «ofendido tremendamente en lo personal y en lo político».
Pérez Llorca muestra su “cabreo e indignación” por el caso
Por su parte, el president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha expresado su “cabreo e indignación” por este asunto: “Ver a algunos jetas utilizar una posición privilegiada para hacerse con viviendas que, supuestamente, no se podían adjudicar es algo que me indigna totalmente”, ha dicho Pérez Llorca a preguntas de los medios este miércoles.
El popular ha querido dejar claro que, “desde el primer día”, pidió revisar cada uno de los expedientes para comprobar si alguno no cumplía los requisitos y ha recordado que en esa primera revisión “se detectó un caso, al parecer de un funcionario encargado de revisar los visados, que había exigido menos requisitos de los que contempla la norma porque su mujer había sido beneficiaria”.
“Fue apartado inmediatamente y suspendido de empleo y sueldo”, ha indicado Pérez Llorca, quien ha confirmado que el expediente de ese funcionario, “puesto por el Botànic”, se le trasladó a la Fiscalía para su investigación.
En este sentido, ha querido dejar claro que le “da igual quién sea» porque «tendrán que responder ante la Justicia aquellas personas que no hayan actuado con la diligencia y el debido cumplimiento de la ley”.
El president ha asegurado que la actuación de la Generalitat “va a ser muy exhaustiva” y que van a exigir “responsabilidades” a todos aquellos que se “considere que hay una sospecha fundada de que no han tenido una actuación correcta”.
