Alicante (EFE).- La magistrada de Alicante que lleva el caso de las irregularidades en la adjudicación de unas viviendas de protección pública (VPP) en la Playa de San Juan ha pedido a la Generalitat, al ayuntamiento y a la cooperativa diversa documentación solicitada por la fiscalía Anticorrupción.
Según el Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV), así lo ha trasladado en una providencia la magistrada titular de la plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante en la práctica de las primeras diligencias de investigación del caso.
En concreto, la magistrada ha acordado reclamar esa documentación al ayuntamiento de Alicante, al Servicio Territorial de la Conselleria de Vivienda, Juventud, Empleo e Igualdad y a la cooperativa de residencias Les Naus, cuya aportación al procedimiento ha solicitado la Fiscalía Especial contra la Corrupción y el Crimen Organizado.
La instructora incoó el pasado 11 de febrero diligencias previas para investigar la adjudicación de esas viviendas de protección pública tras recibir por reparto una denuncia del sindicato Manos Limpias por presuntos delitos de prevaricación administrativa, uso de información privilegiada, tráfico de influencias, fraude y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos.
Tras ese paso inicial, el juzgado ha decidido acumular las cuatro denuncias elevadas a la Fiscalía Provincial presentadas por los partidos Sumar y PSPV-PSOE y también del propio ayuntamiento y la consellería de Vivienda de la Generalitat.
El «escándalo» del reparto de las 140 viviendas públicas
El «escándalo» del reparto de las 140 viviendas públicas de Les Naus, en palabras del alcalde, Luis Barcala, del PP, ya ha provocado la dimisión de la concejala de Urbanismo, la popular Rocío Gómez, una directora general municipal, un asesor de la conselleria valenciana de Industria y expedientes a tres funcionarios, dos de ellos arquitectos municipales y otro técnico del departamento territorial de Vivienda en Alicante.
Además de los ceses, este martes se conoció que dos de los adjudicatarios, de los que se sabe que no son cargos municipales ni personas públicas, han renunciado a sus respectivas viviendas mientras que el alcalde ha pedido públicamente a los que se hayan beneficiado ilegítimamente que hagan lo mismo para volver a proceder a la adjudicación.
Según el Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV), así lo ha trasladado en una providencia la magistrada titular de la plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante.
