València (EFE).- La jueza que investiga la gestión de la dana en Valencia cree que la «exclusión voluntaria» del entonces president de la Generalitat, Carlos Mazón, en aquella emergencia «tuvo una repercusión decisiva en el resultado mortal y lesivo», una «omisión equiparable a la acción» en los 230 fallecimientos y en las lesiones que dejó aquel 29 de octubre de 2024.
«El nexo común de una gran multitud de los fallecimientos: la falta de avisos»
Según detalla la instructora en la exposición razonada que ha elevado al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana para pedir que se investigue formalmente a Mazón, de 109 páginas y a la que ha tenido acceso EFE, «el nexo causal ante la pasividad del president y las obligaciones propias de su cargo, entre las que se encuentra la coordinación ante esta situación de emergencia, supone que habrán de imputarse los fallecidos».
«El nexo común de una gran multitud de los fallecimientos -insiste la jueza- conforme revelan los vídeos, las declaraciones y la hora de los fallecimientos es la falta de avisos. Esa ausencia, esa pasividad en la adopción de medidas de coordinación, la falta de interacción con los cargos autonómicos ante una situación de extrema gravedad (por parte del president, que) optó por recluirse en el reservado de un restaurante».
La jueza Nuria Ruiz Tobarra considera indicios contra Mazón también el «escaso intercambio de las llamadas» que mantuvo desde el restaurante donde pasó buena parte de aquella jornada, «la escasa duración de las mismas o la falta interacción con los responsables autonómicos».
Dicha pasividad cabe «calificarse como negligente y constituye un elemento decisivo en la producción del resultado mortal y lesivo que justifica la presente exposición razonada», añade la instructora.
«En realidad -según la jueza-, desde el punto de vista de la Presidencia de la Generalitat, de facto la emergencia se detuvo en el mismo momento en que se entró en el reservado en el restaurante. Se mantenía en el interior del restaurante durante el peor momento de la emergencia y las llamadas que se pudieron haber hecho no revisten ningún resultado positivo, ni ninguna actuación».
La jueza cree que Mazón intervino en el Es-Alert
A juicio de la instructora, el president «estuvo ausente en la gestación del envío de una alerta», es decir, de forma presencial en el Cecopi, pero cree también que intervino en aquel proceso a través de quien fue su jefe de gabinete, José Manuel Cuenca, y de las instrucciones que éste trasladó a la entonces consellera de Interior, Salomé Pradas (investigada en la causa).
Según detalla la jueza, «existen indicios» de la «eventual participación» de Mazón en el proceso de decisión del mensaje masivo Es-Alert por varios motivos: «La condición de Cuenca de secretario autonómico, jefe de gabinete y persona de estrecha confianza convierte sus mensajes no en meras opiniones o consejos, sino en órdenes».
Además, la expresión «de confinar nada, Salo” (en un Whatsapp de Cuenca a Pradas) posee en opinión de la instructora un «carácter claramente imperativo». «En definitiva, una insistencia en el control de la emergencia que solo puede responder de forma lógica a que obedeciera instrucciones de su superior», remarca.
También señala la instructora el aviso que Cuenca dio a Pradas respecto a la llegada inminente del president al Cecopi aquella tarde, que «es en definitiva una forma de decirle que se espere», y eso es algo que «solo puede producirse si había una comunicación constante entre Mazón y su jefe de gabinete».
Recuerda la jueza que «el confinamiento, pese a los mensajes del jefe de gabinete de Mazón, está previsto en el plan especial frente al riesgo de inundaciones» y reprocha a la exconsellera Pradas que «tenía en un principio importantes dudas sobre sus propias competencias, lo cual generó una parálisis en los momentos decisivos y sería decisiva en el resultado mortal en la gestión de la emergencia».
No se adoptaron medidas de alerta «precisas, concretas y a tiempo»
«La forma en que tuvieron lugar los fallecimientos, en los domicilios, garajes, en accidentes in itinere, así como en la vía pública. En todos ellos era factible lanzar un aviso a la población que alertara y evitara la producción del resultado», según el escrito.
Por ello, «la omisión equivalente al resultado, que se atribuiría al president de la Generalitat, se desprende del hecho de que en todos y cada uno de los casos referidos es relevante que no se adoptaran medidas de alerta, precisas, concretas y a tiempo, desde un organismo el Cecopi, y desde una Conselleria a la cual podía el president, conforme a la normativa legal, dar órdenes e instrucciones y llevar a cabo tareas de coordinación ante la evidente parálisis que tuvo lugar en la adopción de medidas de salvaguarda».
Por todo lo anterior, la «negligencia» en la que supuestamente incurrió Mazón es «grave» en opinión de la instructora, «por la permanencia, falta de atención en el tiempo, por el cargo que ocupaba y el resto de circunstancias descritas en la presente exposición».
Y como tuvo un «resultado mortal y lesivo, su conducta podría ser incardinable en el artículo 142 bis del Código Penal», es decir, el que permite «elevar en uno o dos grados la pena por homicidio imprudente si el número de fallecidos fuere muy elevado».
El Gobierno insta al PP a exigir el acta a Mazón tras la petición judicial de investigarle
El Gobierno ha instado este martes al Partido Popular a exigir al expresidente de la Comunidad Valenciana Carlos Mazón su acta como diputado autonómico, después de que la jueza de Catarroja que instruye la gestión de la dana haya pedido al Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad que le investigue.
Tras conocer esa petición de la jueza, y debido a la condición de aforado de Mazón como diputado autonómico, fuentes del Ejecutivo se han preguntado qué más necesita el PP para dejar de protegerle.
La decisión judicial, subrayan estas fuentes, debería hacer reflexionar al partido liderado por Alberto Núñez Feijóo, que recuerdan que no solo le ha permitido seguir como diputado autonómico, sino que además, para que pueda tener una asignación económica mayor, se le designó portavoz en la comisión de Reglamento de las Cortes valencianas.
Las fuentes citadas señalan que con el caso de Mazón y el del alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, acusado de acoso sexual, se demuestra que al Partido Popular siempre le tiembla la mano cuando se trata de casos que afectan a sus dirigentes.
La oposición en la Comunitat Valenciana pide también el acta a Mazón
El PSPV-PSOE y Compromís han instado este martes al Partido Popular a reclamar el acta de diputado autonómico al expresident de la Generalitat Carlos Mazón y, si no la deja, expulsarle del grupo popular y del partido, al considerar que es «una vergüenza» que siga en Les Corts Valencianes.
La secretaria general de los socialistas valencianos, la ministra Diana Morant, ha afirmado que «al PP se le acaban las excusas para seguir protegiendo» a Mazón y ha aseverado en un mensaje en X que ni manteniéndole como diputado «podrán tapar tanta negligencia» y cada día se está «más cerca de que se haga justicia».
El portavoz socialista en Les Corts, José Muñoz, ha afirmado que hoy se ha dado «un primer paso importante» hacia la imputación del expresident y parece que «ni el aforamiento» va a impedir que Mazón acuda los tribunales a declarar por su «inacción fundamental» el día de la dana.
El portavoz de Compromís, Joan Baldoví, ha señalado que la decisión de la jueza de Catarroja llega después de haber escuchado a 500 testigos y «ratifica lo que todo el pueblo entiende, y es que hay indicios suficientes para que Mazón esté imputado», por lo que la «única salida digna» que le queda es dejar el acta e irse de Les Corts.
