València (EFE).- El PSPV y Compromís han denunciado la contratación por la Diputación de Valencia de la pareja del president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y los socialistas no descartan emprender acciones legales, mientras que el PP y Vox han defendido «la legalidad» y el derecho de cualquier funcionario público a pedir un traslado.
Así se han referido a la información que publican este miércoles elDiario.es y El País, según la cual, la Diputación de Valencia ha contratado a través de una comisión de servicios a la pareja del president, funcionaria en el Ayuntamiento de Finestrat (Alicante), por «urgente necesidad», con un sueldo de 52.000 euros anuales.
PP: «Simplemente ha habido una comisión de servicios por conciliación familiar»
El conseller de Hacienda, José Antonio Rovira, ha defendido que esta persona lleva 20 años de funcionaria y «simplemente ha habido una comisión de servicios por conciliación familiar», pero «es curioso» que la izquierda diga sí a la conciliación, pero cuando se refiere a la pareja del «president de la Generalitat del PP no hay derecho».
«Solo para ustedes y sus amigos», ha acusado el conseller a la oposición durante su intervención en el pleno de Les Corts, donde ha explicado que los administrativos de la Diputación ganan más que un administrativo de un Ayuntamiento pequeño.
El síndic del PP, Nando Pastor, ha manifestado que la comisión de servicios «es una práctica habitual en la Función Pública» y que consiste en trasladar una plaza de un puesto público que uno tiene en propiedad a otra administración, y ha preguntado «dónde está el problema».
«No sé si quienes están intentando generar polémica en este tema tienen en su mente a Begoña Gómez», ha dicho Pastor, para quien ambos casos no tienen nada que ver pues la mujer del presidente del Gobierno «se dedicaba a hacer negocios desde Moncloa», y tampoco se parece al caso del hermano Pedro Sánchez para el que se creó «una plaza fantasma que no existía».
El PP está «repleto de jetas», según los socialistas
Para el síndic socialista, José Muñoz, el Partido Popular está «repleto de jetas», y ha avanzado que no cierran «ninguna puerta» para acudir «a diferentes órganos, sean judiciales o no, para investigar si el traslado es correcto y legal».
«Tienen que acreditar una urgente necesidad que a mi modo de ver no aparece por ningún lugar», ha manifestado, y ha reprochado a Pérez Llorca que se mostrara muy enfadado con los «jetas» que habían sido adjudicatarios de viviendas públicas de Alicante sin cumplir los requisitos, y ahora vaya a ser también «un jeta».
Compromís califica el caso de «vergüenza»
«Su pareja está trabajando a 30 metros de él en una institución pública cobrando el doble de lo que cobraba en el ayuntamiento del que el propio Pérez Llorca era alcalde», ha denunciado, algo que también ha destacado el síndic de Compromís, Joan Baldoví, quien ha calificado la situación de «vergüenza».
Baldoví ha preguntado «cuáles son las razones que han motivado» que esta persona ocupe esa plaza; qué méritos ha hecho o qué pruebas ha pasado, y ha acusado al PP de creerse que «esto es un cortijo».
Para el síndic de Vox, José María Llanos, es «absolutamente normal» y no les genera «ningún problema» que una persona que es funcionaria y «tiene que pasar a vivir a Valencia porque su marido tiene que pasar a vivir a Valencia» utilice «la opción legal» que tiene de solicitar una comisión de servicios. «Una comisión de servicios me parece absolutamente ético y absolutamente legal. No veo dónde está el problema», ha manifestado.
Llorca niega el trato de favor a su mujer
Por su parte, el president de la Generalitat ha defendido que su pareja ha hecho lo que hace «cualquier funcionario que quiere conciliar» su vida laboral y familiar «sin ningún trato a favor», y ha denunciado la política «sucia, rastrera y machista» que busca dañar su imagen a través de su pareja.
Juanfran Pérez Llorca ha afirmado que su pareja ha hecho todo «pasando por un procedimiento, como pasaría cualquier otro funcionario, sin ningún trato a favor».
«Tampoco tiene que tener ella disminuidas sus pretensiones o sus necesidades por el mero hecho de ser ‘la mujer de’. Ella tiene su funcionariado porque se lo trabajó y se lo curró, como se lo curran muchísimos funcionarios», ha afirmado el president, quien se ha negado a «participar de la cacería del machismo que están teniendo hoy muchísimos políticos», incluso algunos periodistas o comentaristas, ha apuntado.
Ha explicado que cuando resultó elegido president de la Generalitat, una de sus primeras decisiones fue trasladar su domicilio a València «por razones obvias laborales» y un tiempo después su pareja, que es funcionaria de carrera desde hace más de veinte años, decidió trasladarse también a la capital valenciana «para conciliar» su vida familiar y laboral.
Para ello, ha dicho, pidió una comisión de servicios, «como pide cualquier otro funcionario», para ocupar un puesto de la Diputación de Valencia, en su escala, que es de administrativo grupo C1, puesto en el que entró a trabajar hace unas semanas tras pasar un procedimiento legal de libre concurrencia supervisado por los técnicos.
No va a entrar a «esta política sucia, rastrera, machista»
«Todo ha transcurrido ajustado a la legalidad y ella percibe una retribución exactamente igual a cualquier otro administrativo de su rango», ha defendido Pérez Llorca, para quien la única noticia que hay en esto es que «es la mujer de», lo que ha calificado de «machista».
Ha destacado que cuando entró en política lo hizo «para cambiar y aportar cosas a la sociedad» pero no para entrar a «esta política sucia, rastrera, machista», que, según ha dicho, va a combatir.
En este sentido, ha pedido «a la gente que se llena la boca todos los días, especialmente a los dirigentes de la izquierda, hablando de conciliación y de feminismo, que se lo apliquen también para todas las mujeres sin ver con quién están casadas o con quién están emparentadas».
