Castellón (EFE).- La Guardia Civil ha detenido a siete personas en la localidad de Nules (Castellón) acusadas de integrar una organización criminal dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación laboral, tras una operación en la que se ha liberado a 80 víctimas.
Según ha informado el instituto armado, a los arrestados se les atribuyen delitos de trata de seres humanos, contra los derechos de los trabajadores y favorecimiento de la inmigración irregular, al encargarse de todo el proceso de captación, traslado y explotación de las víctimas, a las que sometían a condiciones de semiesclavitud.
La organización captaba a personas en situación de vulnerabilidad en distintos países mediante falsas ofertas de empleo que prometían “buenas condiciones laborales, salarios dignos, alojamiento y manutención”. Una vez en España, les generaban una deuda que utilizaban como mecanismo de control y coacción.
Los explotados, sin documentos, hacinados y con jornadas de 13 horas sin remuneración
Las víctimas estaban alojadas en condiciones de hacinamiento extremo, en muchos casos sin agua ni luz, y obligadas a trabajar en el sector agrícola con jornadas de hasta 12 y 13 horas diarias sin apenas descanso y con una remuneración inexistente o meramente simbólica, según la Guardia Civil.
Además, carecían de contrato laboral y documentación, lo que aumentaba su vulnerabilidad, mientras que el control sobre ellas se ejercía mediante amenazas, coacciones e incluso agresiones, generando “un clima de miedo constante”.
La investigación, desarrollada durante varios meses en coordinación con la Fiscalía Provincial de Castellón y con el apoyo de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, ha permitido desarticular este entramado, que operaba principalmente en el sector agrícola.
Durante la operación, denominada ‘Balarama’, se practicaron cinco registros domiciliarios y se identificó como principales responsables a un matrimonio de origen pakistaní. De los siete detenidos, dos han ingresado en prisión por orden judicial.
Las diligencias se han puesto a disposición de la autoridad judicial competente.
