València, (EFE).- La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha acusado a la alcaldesa de València, María José Catalá, de buscar el enfrentamiento político con motivo del proceso de regularización de inmigrantes porque «no le interesa de lo que investiga la Fiscalía o los atascos en la ciudad».
Reunión con entidades sociales
En una comparecencia ante los medios de comunicación antes de reunirse con representantes de una treintena de entidades sociales que colaboran en este proceso de regularización, Bernabé ha recordado que «se trata de una iniciativa social que cuenta con el respaldo mayoritario del Congreso y que es respaldado por la Conferencia Episcopal o la CEOE».
«Es un proceso que mejora nuestro país y la situación laboral y de vida de miles de personas y de miles de familias que necesitan mirar al futuro en sus empresas y en sus proyectos vitales», ha defendido.
Según la delegada del Gobierno, «la Administración se ha reforzado» para afrontar este trámite, alargando hasta las 19 horas la atención en las oficinas de Extranjería, Correos y la Seguridad Social, y ha apuntado que otras entidades como Cáritas, o los sindicatos UGT y CCOO, entre otras, están colaborando.
Preguntada por las críticas de Catalá a este proceso y por la reclamación del millón de euros anual que, según ha asegurado, costará la contratación de personal de refuerzo, Bernabé ha asegurado sentir «pena», por lo que considera una búsqueda de «enfrentamiento político».
«Los ayuntamientos de toda España se están reforzando, en Madrid se ha abierto una página web y en Barcelona se han contratado 50 abogados por la oficina de atención a las personas migrantes. También en Paterna se ha contratado a cuatro abogados. Si la señora Catalá no quiere colaborar y estar con la inmensa mayoría de la sociedad española es su problema», ha lamentado Bernabé.
A su juicio, el PP «está ahora en un proceso de pactos con la extrema derecha en los territorios y ahora rechaza algo que tiene un consenso total de la sociedad y que es bueno para este país. Quiere estar en el otro lado del Atlántico. Feijóo y Abascal son los únicos que ahora apoyan a Trump en Europa y, claro, Juan Francisco Pérez Llorca no puede ser un caso aislado, ni tampoco Catalá».
En representación de las entidades sociales colaboradoras ha intervenido Lourdes Mirón, de Jovesólides, quien ha explicado que muchas de las organizaciones que asisten a los migrantes ya tienen experiencia con el proceso de regularización iniciado tras la dana, a través del cual se han finalizado hasta ahora 33.044 expedientes.
Ha advertido de que el trámite más dificultoso está resultando el certificado de vulnerabilidad algo que, ha recordado, «también pueden tramitar los ayuntamientos», y ha lamentado que están recibiendo peticiones de personas que han sido remitidas a entidades sociales desde consistorios.
«Necesitamos más manos», ha insistido Mirón, quien ha recordado que este proceso «nace de un gran consenso social» y «estamos hablando de derechos humanos».
