València (EFE).- El Tribunal de Instancia de Valencia ha decretado la apertura de juicio oral por un delito de odio contra la concejala de Vox en el Ayuntamiento de València Cecilia Herrero, acusada de haber publicado decenas de mensajes vejatorios contra personas migrantes.
La Fiscalía Provincial pide una condena de 3 años de prisión para Herrero por la difusión reiterada de mensajes de odio contra personas migrantes, LGTBI y con discapacidad a través de la red social Twitter, actualmente X, entre los años 2020 y 2024.
Los hechos los denunció inicialmente por Compromís en abril de 2024 y posteriormente se sumó el PSPV, que aportó más mensajes a la Fiscalía.

La Fiscalía sostiene que, durante al menos cuatro años, Herrero utilizó de forma continuada varias cuentas abiertas al público para publicar mensajes dirigidos a “propagar el rechazo, el desprecio, la hostilidad y la animadversión” hacia distintos colectivos protegidos.
Por ello, atribuye a la procesada la autoría de un delito cometido con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas, previsto en el artículo 510 del Código Penal, por fomentar el odio y la hostilidad mediante expresiones vejatorias, deshumanizadoras y estigmatizadoras, aunque plantea alternativamente una calificación menos grave dentro del mismo precepto penal (510.2 del CP).
En consecuencia, la primera petición es de 3 años de prisión y una multa de doce meses con una cuota diaria de 20 euros, pero subsidiariamente se pide una condena de un año y dos meses de prisión y multa de ocho meses.

En ambos supuestos interesa también la inhabilitación para empleo o cargo público por el mismo periodo que la pena de prisión.
Según las acusaciones y la Fiscalía, la acusada gestionaba cuentas con miles de seguidores, abiertas sin restricciones, desde las que difundía de forma “masiva e indiscriminada” mensajes dirigidos a estigmatizar a personas migrantes, especialmente de origen magrebí o musulmán, así como a integrantes del colectivo LGTBI, personas racializadas y personas con discapacidad.
Entre los mensajes recogidos en las denuncias se incluyen respuestas a publicaciones de medios de comunicación y de otros usuarios de la red social en las que se emplean términos despectivos hacia personas migrantes, se reclama su expulsión del país, se cuestiona la identidad de menores extranjeros no acompañados y se realizan comentarios vejatorios sobre personas LGTBI y con discapacidad.










