València (EFE).- Una nueva manifestación en València ha reclamado la supresión del aforamiento al expresident de la Generalitat Carlos Mazón por su gestión de la dana y en esta ocasión ha sumado a docentes y familias, que han participado en la marcha coincidiendo con la huelga indefinida del profesorado.
Los movimientos sociales han hecho una llamada a la participación en la manifestación, que se desarrolla con el lema ‘Mazón a presó’, a las familias y docentes en apoyo a la huelga que ha cumplido tres semanas.
La manifestación ha salido de la Plaza del Ayuntamiento y ha concluido en la Plaza de la Virgen, junto al Palau de la Generalitat, y en ella han participado miembros de más de 200 entidades cívicas, sociales y sindicales, junto con las asociaciones de víctimas de la dana, los Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción (CLER) y el Acuerdo Social Valenciano (ASV).
19 meses de la dana
Con esta nueva protesta denuncian que diecinueve meses después de la dana Carlos Mazón continúa conservando su acta de diputado y las políticas del Consell «ponen en riesgo» la seguridad de la población, y los convocantes aseguran que las movilizaciones que recorren toda la Comunitat Valenciana son también una muestra de que la situación es «insostenible en otros muchos ámbitos».
La manifestación de este sábado ha recorrido la calle San Vicente, la plaza de la Reina, las calles Brodadors y Micalet, para acabar en la plaza de la Virgen, un recorrido que coincide con el de la primera manifestación del 9 de noviembre de 2024 para «dejar claro que nada ha cambiado» después de la tragedia del 29 de octubre de 2024, en que murieron 230 personas.
La petición de ‘Mazón a presó’ está presente en una de las pancartas con la imagen del expresident boca abajo, al que piden que declare y «se vaya ya», y carteles que reclama justicia.
Esta semana el PP y Vox han certificado el cierre de la comisión de investigación de Les Corts Valencianes sobre la dana de 2024, con la aprobación en solitario de su dictamen de conclusiones, un documento de 126 páginas que critica las «deficiencias» en la información meteorológica e hidrológica transmitida durante la emergencia y la falta de ejecución por el Gobierno central de infraestructuras hídricas en zonas de riesgo.
