Alicante (EFE).- El pleno del Consell ha aprobado este viernes el anteproyecto de la Ley del suelo de la Comunitat Valenciana, una normativa que protege el territorio, da seguridad jurídica y «simplifica, clarifica y ordena», además de establecer la declaración responsable como mecanismo ordinario.
Así lo ha anunciado en una rueda de prensa el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras,Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, quien ha calificado la norma como una de las reformas previstas más importantes de la legislatura, ya que recupera «el sentido común» en la planificación territorial y urbanística tras «años de reformas parciales» que han tenido como resultado la tardanza en aprobarse, trámites «interminables», inseguridad jurídica y «oportunidades perdidas».
Martínez Mus ha dado cuenta, tras el pleno del Consell de este viernes que ha aprobado el anteproyecto de la ley, de las novedades que contiene, entre ellas el refuerzo del papel de la planificación territorial, la apuesta por instrumentos más ágiles y flexibles y la facilitación de trámites a los municipios más pequeños y en despoblación.
Ha destacado que establece «reglas previsibles» que permiten aumentar la oferta residencial y para vivienda protegida, y los Proyectos de Interés Autonómico (PIA) para hacer más eficiente la implantación de proyectos con la reducción de plazos «sin rebajar ninguna exigencia ambiental y urbanística».
Según el conseller, la norma «pone fin a décadas de burocracia» y se espera que entre en Les Corts para su tramitación en septiembre.
La nueva norma sustituye íntegramente al Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio (TRLOTUP), tras las sucesivas modificaciones introducidas desde la aprobación de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de 2014, que han dado lugar a un marco legal fragmentado y complejo, según la Generalitat.
La ley sitúa la ordenación territorial como pieza estructural y el nuevo Plan General pasa a configurarse como un instrumento estratégico y directivo, mientras que la ordenación pormenorizada corresponderá al planeamiento de desarrollo, lo que permitirá aprobar, revisar y adaptar el planeamiento con mayor agilidad.
Asimismo, se crea el Plan Urbanístico Simplificado para municipios pequeños o en riesgo de despoblación, con una menor carga técnica y trámites proporcionados a sus necesidades.
La norma también regula las edificaciones preexistentes fuera de ordenación mediante órdenes individualizadas de minimización, que exigirán condiciones de seguridad, salubridad e integración paisajística.
En materia de vivienda, el anteproyecto establece reservas de edificabilidad residencial alineadas con la legislación básica estatal: un 40 % en suelo urbanizable y un 20 % en actuaciones de reforma o renovación en suelo urbano.
Por otra parte, los PIA podrán aprobarse en un plazo de seis meses si requieren licencia ambiental, o de nueve meses si precisan Autorización Ambiental Integrada, previo acuerdo del Consell.
La ley también precisa el régimen del suelo no urbanizable, distingue entre suelo común y protegido, y establece fórmulas más flexibles de gestión urbanística que incorporan la colaboración público-privada, la gestión municipal y la gestión por los propietarios.
Por lo que respecta a la intervención administrativa, el texto clarifica la distinción entre licencias y declaraciones responsables e incorpora la licencia básica o de aspectos esenciales para agilizar, en determinados supuestos, la actividad edificatoria. Asimismo, mantiene la colaboración de las entidades colaboradoras urbanísticas en la tramitación de licencias.
La disciplina urbanística se refuerza mediante la actuación de la Agencia Valenciana de Protección del Territorio para garantizar una aplicación homogénea de la normativa y una respuesta más eficaz frente a las actuaciones ilegales, siempre según el Consell.
