Sevilla, 27 ago (EFE).- En el cementerio de San Fernando de Sevilla se abrió en 1928 una gran fosa común conocida como Pico Reja, aunque solo comenzó a usarse en el verano de 1936 para enterrar a las víctimas de las tropas franquistas al comienzo de la Guerra Civil. Ahora los arqueólogos intentan resolver un “rompecabezas inmenso” para devolver la dignidad a esas víctimas.
Al comenzar los trabajos de exhumación en 2020, el equipo de la Sociedad de Ciencias de Aranzadi se encontró “de bruces” con un mar de imprevistos, de restos óseos y de ataúdes, explica a EFE el arqueólogo y codirector de la intervención, Juan Manuel Guijo.
En Pico Reja se encuentran los restos de víctimas de desapariciones forzosas en el periodo de guerra, -se cree que pueden estar los de Blas Infante, considerado el padre de la patria andaluza y fusilado en agosto de 1936-, junto con restos de presos de la posguerra y de enfermos de hospitales cercanos fallecidos años más tarde.
En los próximos meses se ampliará el perímetro de la fosa y así se culminará la fase de campo con la que esperan recuperar los restos de unos 1.400 represalidos en la guerra y la posguerra, además de otras 4.500 posteriores vinculadas a una actividad funeraria normal.
La realidad que se encontraron era un “maremagnum de huesos”, con grupos mezclados, otros dispuestos en ataúdes y otros depositados bocabajo con manos y pies atados, como es el caso de los miembros de la columna minera de Huelva que se desplazó a Sevilla para luchar contra la sublevación franquista. Una mezcla, según Guijo, que responde a un afán de “ocultación”.
Los mineros onubenses entraron en Sevilla para frenar el golpe del general Queipo de Llano, pero sufrieron una emboscada a la entrada de la ciudad, en La Pañoleta, en Camas. Los restos de una treintena de ellos se encontraron el pasado junio en Pico Reja y “era un grupo sin alteraciones ninguna”, en posiciones similares y hombres de distintas edades, explica Marina Cuevas, arqueóloga de esta intervención.
El forense Fernando Serulla se hizo cargo de estudiar los cuerpos, que “tenían altos niveles de metales en sus huesos a diferencia de otros de la fosa”, según Cuevas.
El paso del tiempo ha afectado a los restos, así como a la impunidad con la que removían los cadáveres meses después de enterrarlos o depositaban sobre ellos otros fallecidos en hospitales y cárceles. “Los ataúdes y los osarios echados encima de las víctimas no son nada casual”, sino que pretendían ocultar pruebas, según Guijo.
El arqueólogo reconoce que nunca se habían encontrado con “unas circunstancias de tan enorme complejidad, aquí no hay nada simple”. A partir de 1936, Pico Reja se convirtió en “un gran basurero” donde se depositan miembros amputados, enfermos infecciosos o niños fallecidos en las calles, “el retrato de la España de la posguerra”, dice Guijo.
Los arqueólogos de esta intervención aseguran que los restos se encuentran en peor estado debido a la actividad que ha habido en esa zona.
“En otras fosas ves los huesos en mejor estado, enteros, aquí están fragmentados”, señala Marina Cuevas, mientras cataloga la pelvis de una de las últimas víctimas que han salido a la luz.
“La fosa de Pico Reja supone el mayor esfuerzo público que se ha hecho en cuanto a recursos en una fosa del franquismo”, ha señalado Guijo. El presupuesto inicial ascendía a 1.210.000 euros aportados por el Ayuntamiento y la Diputación de Sevilla, la Junta de Andalucía y el Gobierno, aunque el consistorio aportó 300.000 euros más ante la magnitud de los trabajos.
Este equipo de Aranzadi defiende que “sin coordinación ni conciencia sobre la importancia” de su labor por parte de familiares, colectivos e investigadores no habría sido posible llegar a este punto.
Con los primeros mantienen una relación honesta que se sostiene en los valores de la memoria histórica, “verdad, justicia y reparación”.
“No hemos construido un muro a nuestro alrededor. Nos interesa que el trabajo se encamine al sentimiento de participación” y a acabar con años de “amnesia”, según José Manuel Guijo. pOR Rosario Ostos
